Diario Sur

Sevilla, 30 nov (EFE).- Varias defensas del caso Aznalcóllar han coincidido en pedir que se anule el auto de la Audiencia de Sevilla que reabrió la investigación judicial de la concesión de la mina por parte de la Junta de Andalucía.

En varios escritos presentados en la Audiencia de Sevilla, el último de ellos hoy, las defensas reprochan que el auto de la sección séptima, cuya ponente fue Mercedes Alaya, ordena pruebas ya hechas, convierte a los testigos que pedía la acusación en investigados y asume competencias instructoras que no le corresponden.

Además, la Junta de Andalucía, que representa a tres funcionarios, critica que la Audiencia ordenara al juzgado de instrucción 3 de Sevilla reabrir el caso usando una resolución dictada después de que la instructora, en noviembre del 2015, lo archivara, lo que manifiesta "una vertiente inquisitiva" no recogida en la ley.

Tras calificar a la Audiencia como un "omnímodo órgano instructor", la petición de nulidad de la Junta sostiene que el auto de reapertura del caso, dictado el 19 de octubre pasado, "invade el privativo ámbito jurisdiccional que corresponde al juez de instrucción para apreciar la existencia o no de indicios de delito".

Otras defensas coinciden en asegurar que la Audiencia ordena diligencias que ya fueron denegadas por el juzgado y que no recurrió la acusación, que ejerce la empresa Emerita Resources, la perdedora del concurso, culminado el 20 de febrero del 2015, frente a Minorbis-Grupo México.

La Junta considera que la petición de pruebas ya denegadas vulnera "el derecho a la tutela judicial efectiva" de sus representados, y destaca la "incongruencia" de la Audiencia al pedir que los testigos que proponía la acusación declaren, en caso de hacerlo, como investigados -antes imputados-.

La defensa de Minorbis, por su parte, subraya que la Audiencia ordena reabrir una línea de investigación sobre la empresa cuando ya fue "abierta, investigada, documentada, respondida y cerrada" después de que aportaran "cajas de documentos" como los que se piden de nuevo.

Las peticiones de nulidad de las defensas se conocen el mismo día en que se ha sabido que la Fiscalía de Sevilla ha opuesto a la petición de paralizar los trabajos en la mina, como pedía Emerita.

En este sentido, la juez de instrucción 3, Patricia Fernández, recordó en una providencia dictada este mes que, en agosto del 2015, se pronunció en contra de paralizar los trabajos de la mina, en la que en 1998 se produjo un vertido tóxico.