Diario Sur

Málaga, 19 oct (EFE).- El exalcalde socialista de la localidad malagueña de Alcaucín José Manuel Martín Alba, se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión por permitir presuntamente construcciones ilegales en suelo no urbanizable.

El juicio ha comenzado hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados junto al regidor hay sentadas otras seis personas por delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, todos con carácter continuado.

Además de la pena de prisión, el fiscal pide inhabilitación por diez años para empleo o cargo público y la demolición de las construcciones ilegales.

Antes de comenzar la vista oral todos los acusados se han declarado inocentes y sus correspondientes abogados defensores han alegado prescripción de los delitos, aunque el Tribunal ha decidido pronunciarse en sentencia.

El exalcalde de Alcaucín también está pendiente de ser juzgado en el "caso Arcos" contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña, y en dicho procedimiento hay 51 personas procesadas.

En esta segunda causa se imputan múltiples delitos contra la ordenación del territorio, cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo del 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

El juicio por este procedimiento está previsto que se juzgue en próximo noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga.

En la causa que ahora se juzga en la Audiencia Provincial todavía no ha declarado el exregidor aunque ya ha anunciado al tribunal que se declara inocente.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, tres acusados se concertaron para obtener un rendimiento urbanístico de una parcela donde el suelo era no urbanizable y uno de ellos levantó su propia casa, vendiendo las subparcelas restantes a unos extranjeros "con la promesa de que podrían edificar".

Estos hechos se remontan al 2002 y las irregularidades fueron detectadas por el propio consistorio, una vez que tomó posesión la nueva corporación municipal tras la operación "Arcos".

Además de estos acusados y del regidor, están acusados un arquitecto, un arquitecto técnico y un constructor.

La acusación pública mantiene que Martín Alba consintió la construcción en este caso de cuatro viviendas "siguiendo la práctica habitual en aquella época en el Ayuntamiento", de forma que al dorso de la solicitud de licencia "sin aportar informes de ningún tipo se concedía o se denegaba".

En estos casos, el apartado de si procedía o no "aparece sin rellenar", por lo que no fueron concedidas formalmente.

A pesar de esto, el exalcalde "con conocimiento de los hechos", según la acusación, "dejó voluntariamente de ejercitar sus competencias en materia de disciplina urbanística, permitiendo la construcción" de las viviendas y autorizó además el enganche de las casas a la red de abastecimiento de agua.