Diario Sur

Sevilla, 18 oct (EFE).- El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo que impulsa la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones de la Administración autonómica y sus entes instrumentales, con el que la Junta pretende ayudar a "construir una sociedad más decente en lo laboral".

Con este acuerdo, suscrito la pasada semana por la Junta, los sindicatos mayoritarios y la patronal, el Gobierno andaluz hace efectiva una medida "de justicia social", según ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Queremos que se garanticen condiciones de trabajo dignas a los trabajadores de las empresas que contratan con la Administración", ha remarcado el portavoz, que ha apostillado: "Desde Andalucía queremos servir de ejemplo y dar ejemplo".

Según ha sostenido, éste es el camino que deben "imitar" otras administraciones publicas para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

La iniciativa, acordada el pasado día 10 entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, da cumplimiento a uno de los compromisos de investidura de la presidenta de la Junta.

Para ello, una comisión de seguimiento y control, integrada por la Administración, sindicatos y patronal, analizará las modificaciones normativas que se requieran y verificará su aplicación.

La Junta ha elaborado una guía en la que se recogen las estipulaciones obligatorias que se incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas de las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general para facilitar la toma de decisiones en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de ofertas, hasta la adjudicación y ejecución.

Las cláusulas sociales se aplicarán siempre que sean adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo, y deberán quedar definidas de forma clara en los pliegos y en el anuncio de licitación.

En este ámbito se dará prioridad a las personas que perciben la renta mínima, con discapacidad, víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración mayores de 45 años y menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.

De este modo se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o hayan sido sancionadas por infracción muy grave en materia social.

Así, quedarían excluidas directamente las licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2 por ciento de personas con discapacidad.

Las empresas deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales básicos, no pudiendo contratarse a una cuya oferta sea inferior al coste salarial derivado del convenio colectivo aplicable.

En el caso de que se trate de plantillas de más de 250 empleados, tendrán que disponer de un plan de igualdad en el que se definan los objetivos a alcanzar en este ámbito, así como las estrategias y prácticas implantadas para conseguirlos.

Además será motivo de resolución de contrato el adeudo de dos meses de salario a los trabajadores.

También se incluyen criterios éticos y de transparencia fiscal en la ejecución de los contratos, exigiéndose la declaración íntegra de ingresos y beneficios, así como la tributación correspondiente. Además se prohíbe la utilización de domicilios en paraísos fiscales, de forma directa o a través de filiales.