Diario Sur

Málaga, 18 oct (EFE).- La Junta de Andalucía doblará el importe de sus ayudas para financiar proyectos de entidades sociales que atienden a víctimas de prostitución y de explotación en el curso 2016/2017 hasta alcanzar 700.000 euros, según se ha anunciado en una jornada formativa sobre trata de seres humanos celebrada en Málaga.

La delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta en Málaga, Ana Isabel González, lo ha dado a conocer en la inauguración del encuentro, donde ha señalado que la pobreza, la falta de cultura democrática y la desigualdad de género son los principales motivos por los que se produce esta "lacra social".

Coincidiendo con el Día Europeo contra la trata de personas, González ha resaltado que en los últimos dos años el Gobierno andaluz ha prestado servicio a 5.700 víctimas de explotación sexual y trata de personas y que el 95 por ciento de las personas afectadas son mujeres y un 15 por ciento menores de edad.

En el transcurso de esta jornada se proyecta el documental "Chicas Nuevas 24 horas", que muestra el testimonio de cuatro víctimas latinoamericanas que sufrieron explotación sexual.

La Asociación Mujer Emancipada de Málaga ha organizado este evento en colaboración con la Diputación Provincial que, a través de su responsable de Igualdad, Ana Mata, ha manifestado que una exposición fotográfica de sensibilización ante estos delitos sexuales recorrerá los municipios malagueños.

Mata ha expresado la necesidad de coordinación entre las distintas administraciones al apreciar un aumento considerable de esta problemática en el contexto de la crisis y ha recordado que el pasado año se logró identificar a 14.000 víctimas en el territorio nacional, que suponen solo un tercio del total.

Para hacer frente a estas situaciones, el pasado agosto se aprobó en el Consejo de Gobierno andaluz un documento que recoge la elaboración de una estrategia integral que lleva a cabo un grupo de trabajo multidisciplinar.

Ese plan se ha estructurado en torno a cinco líneas de actuación que incluyen la prevención y sensibilización de la ciudadanía; la detección, protección y asistencia de las víctimas; la persecución de las redes de trata; la cooperación y la coordinación institucional y la investigación y formación.