Diario Sur

Madrid, 18 oct (EFE).- La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley para instar al Gobierno a derogar la Ley de protección de seguridad ciudadana y detener inmediatamente las devoluciones "en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La iniciativa, impulsada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ha salido adelante gracias a un texto pactado por la mayor parte de los grupos parlamentarios, que ha cosechado 20 votos a favor, tres abstenciones de los parlamentarios de Ciudadanos y 14 en contra de los parlamentarios del PP.

La proposición no de ley supone la segunda petición del Congreso de que se derogue la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y reclama -además del final de las devoluciones "en caliente"- que se paralicen los expedientes sancionadores iniciados contra ciudadanos supuestamente relacionados con las movilizaciones ciudadanas.

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha exigido la derogación de la ley mordaza, que ha calificado de "canallada" y de "purga política", en tanto que el socialista Juan Carlos Campo ha comentado que con esta ley se demuestra que al PP no le preocupan las libertades públicas al poner el foco en la seguridad ciudadana.

Ha añadido que el PP se ha instalado en el "derecho penal del enemigo" alejándose del control de los jueces con una política más represiva con aumento del control social que se sustrae de las garantías del sistema buscando réditos electorales.

El representante del grupo Unidos Podemos Ricardo Sixto Iglesias ha pedido que se paralicen los expedientes sancionadores abiertos en aplicación de esta ley por si termina siendo derogada.

Ha recordado que esta ley fue aprobada solo con los votos del PP y "fue el ejemplo más importante de cómo el Partido Popular construyó una forma e hacer las cosas y se aisló del resto de grupos de la Cámara lo que ha condicionado que ahora se vea solo para tener determinados apoyos".

Por Bildu, Marian Beitialarrangoitia ha apoyado la iniciativa y ha denunciado la "falta de calidad democrática del Estado para callar todo tipo de reivindicación y protesta que incomoda al Gobierno".

La diputada del PP Ana Belén Vázquez Blanco ha recordado que se trata de una ley que sustituye a otra que databa de hacía 22 años y que había que adaptar al siglo XXI que "permite a quienes se quieren manifestar que ejerzan tranquilamente su derecho y castiga a los agresores que no van a hacerlo pacíficamente".

Ha comentado que solo en Madrid en 2015 hubo 3.085 manifestaciones, 27 más que el año anterior, y que en el total del Estado solo se prohibieron cien.

Ha agregado que por manifestaciones solo hubo 150 sanciones, el 0,3 por ciento del total, y que el 88 por ciento fueron por temas relacionados con drogas, armas y explosivos.

La parlamentaria popular ha recalcado que "la sociedad española quiere seguridad y por eso a los que más valora son la Policía y la Guardia Civil".

En cuanto al perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla ha comentado que 69 asociaciones coincidieron cuando se estaba redactando la ley en que es una frontera singular del Estado español y de Europa que había que controlar y ninguna dio una solución mejor.