Bilbao, 10 feb (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha pedido hoy al Ministerio y al departamento vasco de Interior que mantengan la protección de los jueces vascos al considerar que la "frustración" ante la imposibilidad una amnistía o indultos generalizados a presos de ETA se proyectará sobre la Administración de Justicia.
En una conferencia en Fórum Europa ofrecida en Bilbao, Ibarra ha explicado que la cúpula de jueces y fiscales que ejercen en esta comunidad autónoma se reunirá hoy con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, y con representantes del Gobierno vasco para analizar la reducción de las medidas de protección, después de que ETA anunciara el cese de su actividad.
Ibarra ha justificado que, ante la nueva situación, se realice una rebaja en la "intensidad" de las medidas de protección tanto de los edificios judiciales como de la seguridad personal para jueces, fiscales y algunos secretarios que se pusieron en marcha tras el asesinato a tiros, por parte de ETA, del juez de la Audiencia de Bilbao José María Lidón, en noviembre de 2001 en Getxo (Vizcaya).
El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, comunicará a la Sala de Gobierno del TSJPV los cambios que se van a producir en esos programas de protección y el "diagnóstico" del Gobierno vasco "sobre la actual situación de riesgo", ha señalado.
Ibarra ha dicho que los jueces han trasmitido al secretario de Estado de Seguridad y al propio Ares que "este año va a ser un año en la Administración de Justicia con unas circunstancias específicas, que vienen dadas por el funcionamiento de la administración penitenciaria".
Ha explicado que "se están lanzando mensajes que no corresponden con la realidad jurídica", cuando se habla "de amnistía, de indultos generales, de aplicaciones del reglamento penitenciario que obligarían a cambiar la Constitución y las leyes".
Ibarra ha advertido de la "frustración" que va a generar la imposibilidad de aplicar esas medidas y ha alertado de que "el eco de esa frustración se va a proyectar sobre la Administración de Justicia, porque serán las Audiencias provinciales donde se decidan los recursos que tengan que ver con el tratamiento penitenciario".
Según ha expuesto, "el tratamiento penitenciario, incluida la libertad condicional, le corresponde a los jueces de vigilancia penitenciaria del lugar donde se cumple condena y a las audiencias provinciales, el control de esas decisiones".
Por lo tanto, "ahí va a haber una situación específica que queremos que se analice desde la perspectiva de la seguridad", ha concluido Ibarra. EFE
