Las ONG alertan del aumento de familias que acuden a pedir ayuda por las subidas del alquiler en Málaga

Las familias con menos recursos no encuentran alternativas ante la subida de precios./Fernando González
Las familias con menos recursos no encuentran alternativas ante la subida de precios. / Fernando González

Entidades sociales denuncian que el incremento de precios y la falta de 'stock' golpea especialmente a la población más vulnerable

Amanda Salazar
AMANDA SALAZARMálaga

Cuando todavía se estaban recuperando de las consecuencias de la crisis del ladrillo, muchas familias con escasos recursos se encuentran ahora con otro problema. Cuando van a renovar los contratos de alquiler de sus viviendas se llevan la sorpresa de que el propietario les pide un incremento que no pueden permitirse. Lo peor llega cuando intentan buscar otra vivienda con una renta que puedan pagar, o incluso habitaciones en pisos compartidos, y se topan con una oferta escasa y con precios igualmente elevados. Entonces se ven obligados a dejar las casas y refugiarse en viviendas de familiares, o quedarse y verse abocados a un desahucio. Las entidades sociales alertan de la aparición de una nueva bolsa de pobreza derivada de los problemas del alquiler y denuncian que el aumento de precios por la falta de 'stock' y el 'boom' de la vivienda turística está golpeando especialmente a las familias que ya tenían dificultades.

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Así lo explica Eva Pascual, delegada en Málaga de Inpavi que atiende a medio millar de familias de la capital. «Muchas de nuestras familias, que nunca han podido optar a la compra de una vivienda, ven ahora cómo les están subiendo las rentas por la situación del mercado y no pueden pagarlos. Se está creando otra burbuja con el alquiler y la población vulnerable es la que más sufre», señala Pascual. Pero la problemática va mucho más allá. «Ya no solo están empeorando las circunstancias de usuarios a los que ya atendíamos; otras personas en situaciones normalizadas se están viendo empujadas a acudir a las ONG para pedir alimentos porque, al subir el alquiler, no tienen recursos para cubrir las necesidades básicas», añade.

La subida de los alquileres, generalizada en todo el país, ha supuesto un incremento de media de 200 euros en Málaga, donde también han crecido los denominados alquileres inmediatos en la capital, donde uno de cada cinco pisos ofertados en la capital encuentra inquilino en menos de 48 horas.

Desde Bancosol, donde trabajan a diario con más de 200 ONG que atienden directamente a 48.000 personas en Málaga, confirman que la situación está llegando a unos límites alarmantes. «El problema del alquiler está generando una nueva bolsa de pobreza en la provincia», señala Joaquín Jiménez, presidente de Bancosol, quien advierte de que puede afectar también a futuras generaciones.

Cáritas ya denunció hace unos meses las dificultades que se han encontrado a raíz del boom de los pisos turísticos para poder encontrar viviendas dignas a familias sin recursos. En los portales de alquileres, los propietarios optan directamente por inquilinos de corta temporada, lo que les genera más rentabilidad. Pero a las familias que tratan de salir del círculo de la exclusión les impide que puedan llevar «una vida normalizada ya que, ni siquiera con el dinero por delante logran casa», alertaron. En Cruz Roja también han previsto un incremento de las partidas que dedican para apoyar a sus familias beneficiarias por esta causa.

Desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, quieren evitar crear alarmismo. Aseguran que esta problemática se está dando en zonas localizadas y que las familias todavía tienen alternativas en otras barriadas de la periferia, «no se quedan en la calle», defiende la directora del área, Ruth Sarabia. «Sobre todo afecta al Centro y la Málaga este; ahí sí ha habido incrementos de precio, pero no afecta tanto por ejemplo a La Luz o La Paz», afirma, aunque reconoce que esta realidad está llegando a la periferia del Centro, en barrios como el Molinillo o la Trinidad. Desde el Área, se dieron en 2017 un total de 1.501 ayudas tanto a través del programa de alquileres como con pagos puntuales desde los servicios sociales, por más de 1,4 millones de euros.

Si la situación es compleja para la población general, lo es más aún para las familias inmigrantes. Muchas de ellas, precisamente, se alojaron en los años duros de la crisis en la zona Centro por los alquileres económicos en casas antiguas y sin rehabilitar. Ahora, los propietarios de esas casas ven un filón en el turismo. «Nos han llegado casos como el de una pareja magrebí con hijos que vive en la zona de la calle Cuarteles a la que les han subido el alquiler de 600 a 800 euros, no pueden asumirlo pero tampoco encuentran alternativa», señala Carmen Cano, de Málaga Acoge.

Falta de vivienda pública

Para Francisco Pomares, concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga, están confluyendo distintos factores que provocan esta situación. Por un lado, se está rehabilitando la zona Centro y, si antes nadie quería vivir allí, ahora se ha puesto de moda y esto ha cambiado la realidad del mercado. Pero no solo por la vivienda turística, sino porque muchas familias jóvenes quieren irse a vivir al Centro. «En este sentido, hay que entender al propietario que hace un esfuerzo económico en mejorar una casa vieja y quiere recuperar esa inversión», dice.

A esto se suma el escaso 'stock' de vivienda de alquiler, que es insuficiente para la demanda. «Hace falta más vivienda pública. Es algo de lo que ya veníamos alertando; el Ayuntamiento está haciendo viviendas pública, pero hace falta que otras administraciones se impliquen al mismo nivel», señala, al tiempo que indica que desde el año 2000 el Consistorio ha entregado 5.223 viviendas de este tipo y que actualmente tiene 109 en construcción y 1.034 proyectadas, frente a «las 50 de la Junta desde la misma fecha». «Pese a todo, la vivienda pública supone un 2,3% del parque de casas de la ciudad», señala.

El Colegio de Abogados amplía servicios por impagos de las rentas

Según los datos del informe 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales', en la provincia se produjeron 2.459 desahucios en el año 2017 por impagos de las rentas de alquiler, según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según detallan desde el Colegio de Abogados de Málaga, «este problema no parece esté en vías de solución», ya que en ese mismo año se presentaron 4.444 demandas en los juzgados por este mismo asunto (en el año 2008, la cifra rondaba el millar, por lo que se ha cuadruplicado en estos años). El Colegio trabaja desde el año 2012 para evitar que familias sean desahuciadas por no poder hacer frente a su hipoteca y ahora. Ahora, está ampliando los servicios para evitar desahucios por alquiler. El primer convenio de estas características, que fue pionero en España, lo firmó el decano, Francisco Javier Lara, con el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, en septiembre de 2015.

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