Una sentencia blinda el entorno natural de la urbanización de Pinares de San Antón

El abogado de los vecinos, Gonzalo García Weil, explicó que el POTAUM califica estos espacios, situados al oeste, norte y sureste de la urbanización, como suelo no urbanizable común, lo que podría dar pie a su urbanización en el futuro si se modifica el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Por ello, la comunidad de propietarios pedía que se calificarán como zonas con el mismo nivel de protección de Los Montes, ya que reúnen las mismas características paisajísticas y medioambientales en cuanto a flora y fauna. El TSJA les ha dado la razón en un fallo que, según García Weil, es firme porque no le consta que, en el plazo fijado para ello, la Administración regional haya presentado un recurso para oponerse a lo dictaminado por el tribunal.

Según resaltó este letrado, que es profesor del Máster de Abogacía del Colegio de Abogados y la Universidad, se trata de la primera sentencia del TSJA que contradice el plan urbanístico metropolitano que la Junta aprobó en 2009 y que generó un gran número de recursos en su contra por parte de ayuntamientos y particulares.

Como este periódico ha venido informando en los últimos años, muchos de esos recursos han sido desestimados, si bien los demandantes tratan de que sean revisados por el Tribunal Supremo. En ese sentido, cabe recordar las sentencias que avalaron la protección que el POTAUM dio a los suelos situados al norte de la Ronda Este, a la altura del Mayorazgo, y junto al cauce del río Campanillas, donde el Ayuntamiento llegó a plantear inicialmente la construcción de unas dos mil viviendas, que finalmente fueron suprimidas en el PGOU.

«La sentencia es pionera en la potenciación del paisaje como un recurso natural digno de protección», afirmó Gonzalo García, quien también resaltó que el TSJA ha apostado por la preservación de los terrenos sin dejar que se posponga para el futuro por la urbanización que podría plantearse mediante una modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad.

Informes ambientales

El fallo recoge las conclusiones de los informes de los peritos, que aseguran que el entorno posee un grado de biodiversidad muy elevado, «con centenares de especies vegetales que proporcionan un paisaje diferente en cada época del año», señala el documento. Igualmente, resaltan «los cientos de especies animales» que existen en la zona, que la convierten en «una reserva para la flora y fauna». Además, llama la atención sobre los valores paisajísticos, de los que subraya sus características intrínsecas -altitud, cercanía al mar, morfología, etc.- y extrínsecas.

Sobre esta última cuestión, la sentencia pone de relieve el hecho de que el paraje está expuesto a la visión de un millón de personas que lo contemplan desde las viviendas que acoge y desde barriadas situadas más hacia el mar, «lo que aumenta su valor paisajístico, que sería deteriorado gravemente si se viera sometido a un proceso urbanizador». «En definitiva, por unos valores ambientales y paisajísticos, los terrenos han de preservarse de dicho proceso urbanizador y, en consecuencia, no pueden declararse simplemente no urbanizables», añade el escrito del fallo judicial, que concluye que «no se justifica» que el POTAUM dé un tratamiento distinto a estos suelos respecto a los del parque natural de Los Montes de Málaga.

García Weil comentó que el objetivo último de la demanda presentada por la comunidad de propietarios de Pinares es, junto con la preservación del paisaje natural, evitar que se sigan construyendo más viviendas en una zona que ya consideran excesivamente saturada a nivel de tráfico. «Éste es un tema que les preocupa mucho, sobre todo porque han comprobado que el Ayuntamiento no vela por aplicar las medidas adecuadas para canalizar la circulación en una nueva urbanización», apuntó el letrado.

Los vecinos de Pinares de San Antón también justificaban su demanda en que algunos de los suelos no protegidos quedaban por encima del parque metropolitano de 95 hectáreas planteado por el POTAUM en el Monte de San Antón, un enclave para el que el propio gobierno andaluz tramita la declaración como monumento natural.