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MIguel Lorca y Noelia Tarifit, propietarios de Freephone Axarquía
«Estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta»
AXARQUÍA

«Estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta»

Los propietarios de la empresa de Vélez que han denunciado a España ante la Comisión Europea por el canon digital insisten en exigir su devolución

AGUSTÍN PELÁEZ

Sábado, 15 de junio 2013, 00:10

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«Freephone Axarquía era una empresa puntera y pionera en su momento. Nuestro nicho de negocio era la venta de CD y DVD vírgenes por Internet en un momento en el que estos sorportes se utilizaban como sistema de almacenamiento. Estamos hablando de hace 10 años, cuando todavía no existían las tarjetas de memoria ni estaban de moda los discos duros externos. Teníamos más de 35.000 clientes, en su mayoría de España, Portugal e Inglaterra», relata el matrimonio veleño formado por Noelia Ben Tarifit y Miguel Lorca, propietario del negocio. Sin embargo, sus vidas cambiaron de la noche a la mañana tras la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación de canon digital.

«Teníamos el negocio en nuestra propia casa. Vendíamos a miles de empresas y eramos distribuidores exclusivos en España de de unos de los mejor fabricantes japones de CD», recuerda Lorca, que asegura que está dispuesto a llegar «hasta donde haga falta» al mantener que lo que le ha sucedido a causa del canon digital y su aplicación indiscriminada ha sido su ruina. «Tuvimos que cerrar la empresa cuando mejor estábamos. Nos embargaron nuestra casa, que era donde teníamos el negocio», señala.

La vida de este matrimonio cambió a raíz de una reclamación de Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). «Un día nos mandaron una citación judicial para que presentamos en el juzgado las facturas de 2005. Fue en ese momento cuando comenzó todo. El Juzgado de lo Mercantil nos condenó a pagar 700.000 euros, cuando lo único que hacíamos era vender CDs y DVDs vírgenes. Tras recurrir ante la Audiencia Provincial rebajaron la cantidad a 266.000. También condenaron a mi mujer como dueña de la empresa como responsable subsidiaria», apuntan.

Miguel Lorca no tiene precisamente palabras bonitas para las entidades de gestión, entre las que se encuentran EGEDA, SGAE, AIE, AGEDI y CEDRO.

Con el apoyo de la Asociación Española de Pequeñas y medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y su presidente y letrado Josep Jover, Miguel y Noelia decidieron recurrir al Tribunal Supremo. En ese mismo momento, otra pequeña empresa barcelonesa llevaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia similar a la suya que terminó con la anulación del canon digital español y la paralización de numerosos procedimientos en espera de pronunciamiento, «salvo el nuestro. El Supremo siguió adelante sin tener en cuenta al máximo órgano jurisdiccional europeo, de manera que ratificó la sentencia», señala Lorca..

Según este matrimonio veleño, la demanda a España ante la UE se produce porque el Tribunal Supremo español no aceptó la cuestión prejudicial entablada por la mercantil Freephone Axarquia SL. «Habíamos pedido que se realizara una consulta a Europa y no la hicieron», señala Lorca.

También ha presentado la demanda por que el alto Tribunal español no revocó las sentencias a favor del canon digital que antes habían dictado, tanto ellos como las audiencias, en virtud de su jurisprudencia, y porque pedimos que el canon pagado indebidamente a las entidades de gestión se devuelva.

La empresa de Vélez-Málaga no podrá reclamar la devolución de los 300.000 euros hasta que la CE no sancione al Estado español, lo que abriría la puerta a reclamar a todos los damnificados por el cobro del canon.

«Se lo dije en su día a los representantes de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales: Habéis dado con la horma de vuestro zapato, pienso llegar hasta las últimas consecuencias. Además, como se entiende que el Tribunal Europeo anulara el canon digital y no se le haya pedido a la entidades de gestión su devolución», insiste Lorca.

Según este veleño, la Administración española ha pagado a las entidades de gestión 57 millones anuales por el concepto de canon, lo que significan unos 500 millones a lo largo de 9 años (2003-2011) que estuvo vigente.

Miguel y Noelia, junto con sus dos hijos, viven en una vivienda que les ha prestado la familia. «Pasamos de tener una estabilidad económica y una tranquilidad con una empresa que era pionera a estar arruinados, por eso no nos podemos rendir», asegura Lorca.

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