Los juzgados de la capital funcionan a medio gas por la huelga de jueces y fiscales convocada para hoy en contra de las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Según el juez decano de Málaga, José María Páez, de los 76 jueces titulares en activo de los juzgados unipersonales de la capital, 50 han secundado la huelga lo que representa un 66% del total.
El juez decano también ha proporcionado los datos de la Audiencia Provincial de Málaga, donde la convocatoria ha sido secundada por 18 de los 27 magistrados. Por otra parte, al paro de jueces y fiscales se ha sumado el colectivo de Jueces Jóvenes del Colegio de Abogadosde Málaga, así como representantes de Comisiones Obreras, del sindicato CSIF y el STAJ, que forman parte de la plataforma Justicia para Todos.
Los portavoces de las asociaciones judiciales Jueces por la Democracia Francisco Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura han valorado de forma positiva el resultado de esta protesta en Málaga, que según han dicho ha superado el seguimiento que hubo en las anteriores huelgas de 2009.
Por otro lado, esta mañana se están celebrando algunos juicios de temas laborales en los juzgados de lo social, que son los que están trabajando mayoritariamente. También hay algunas vistas de asuntos civiles en los de primera instancia, así como en algún juzgado de instrucción. Prácticamente todas las secciones de la Audiencia Provincial secundan la huelga.
En la Fiscalía apenas se nota la incidencia del paro y, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha confirmado que solo un fiscal le ha notificado su participación en la huelga. Todos los servicios de juzgado de guardia están funcionamiento con normalidad. A última hora de la mañana, el TSJA proporcionará datos oficiales del seguimietno de la huelga.
A mediodía está prevista una concentración de protesta de los jueces que están en huelga en la que, previsiblemente, se dará lectura a un manifiesto sobre sus reivindicaciones.
Con esta huelga, los jueces quieren mostrar su rechazo a las reformas emprendidas por Gallardón. Será la tercera huelga de la historia de la judicatura española. La dos anteriores en 2009 tuvieron como diana al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Cerca de 170 magistrados y 80 fiscales en la provincia de Málaga están llamados a secundar esta huelga, de la que se han descolgado las dos principales asociaciones de las carreras fiscal y judicial.
Servicios mínimos
Los servicios mínimos que han fijado los convocantes de la protesta, que no está regulada legalmente para el caso de los jueces, incluyen los juzgados de guardia y las atenciones a los detenidos, la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáveres, entradas y registros, entre otras. También se considera un servicio ineludible cualquier intervención con presos o detenidos.
Igualmente, servicios mínimos incluyen los juicios con jurado, pero no los juicios inmediatos de faltas ni las vistas orales rápidas por delito con acusados que no están detenidos. Los jueces también incluyen como exentas de la huelga, el dictado de las órdenes de protección y de medidas cautelares en materia de violencia de género y menores; internamientos urgentes de personas incapaces; la expedición de licencias de enterramientos,celebración de matrimonios y las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
Motivos de la protesta
Los jueces y fiscales protestan por varios motivos. El primer de ellos es la falta de medios para trabajar. Piden la creación de más plazas de jueces para llegar a la media europea. En España se sitúa en 10 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de Portugal con 17, Grecia, 20 y Alemania 25. Además rechazan los recortes impuestos por el Ministerio de Justicia, con los que se suprimen cerca de 900 jueces y de 300 fiscales sustitutos (interinos) en todo el país.
Además, uno de sus principales reivindicaciones es la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que proyecta el ministro de Justicia, que será elegido por el Parlamento y cuyas funciones se recortarán. Esto es interpretado como un intento de control del poder político sobre el judicial y un ataque a su independencia.
Con la huelga la carrera judicial rechaza también la actual Ley de Tasas –aprobada el año pasado y que fue recurrida ayer por el PSOE ante el Tribunal Constitucional– cuyas cuantías impiden que muchas ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Con esta protesta piden también soluciones efectivas de tipo legislativo para proteger a los afectados ante el drama de los desahucios.
