Las viviendas ilegales afectadas por el incendio recibirán ayuda del Gobierno

Las viviendas en situación ilegal afectadas por el incendio de Barranco Blanco podrán solicitar las ayudas de emergencia que el Gobierno de emergencia establece a través del decreto ley aprobado recientemente y que puede alcanzar una cuantía máxima de poco más de 15.000 euros por expediente. Para poder acceder a estas ayudas, según explicó ayer el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Móllar, en rueda de prensa, los afectados deberán demostrar que se trata de la residencia habitual y en ningún caso de segunda vivienda y en cuanto a la titularidad, indicó que para acreditarla bastará con que presenten un recibo del pago del IBI.

La decisión fue trasladada ayer a representantes políticos de los seis municipios afectados ( Marbella, Mijas, Coín, Ojén, Monda y Alhaurín el Grande) en una reunión que tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno y en la que también estuvo presente el delegado del Gobierno, José Luis Espejo, en representación de la Junta de Andalucía y Elías Bendodo como presidente de la Diputación Provincial de Málaga.

Casos particulares

En referencia a la decisión de indemnizar también a los propietarios de las viviendas ilegales y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se pudiera contravenir las decisiones judiciales en algún caso, el delegado de la Junta ha matizado que los expedientes se van a analizar de uno en uno, por lo que se tendrán en cuenta las posibles cuestiones que surjan.

Algunos de los municipios afectados han planteado además a la Junta de Andalucía la posibilidad de poder conceder licencia de obra a los propietarios de estas casas ilegales para que acometan su reconstrucción, según explicó el concejal de Presidencia de Mijas, Miguel González y en base a que se trata de una situación de emergencia. En el caso de este municipio hay unas 14 casas afectadas por el fuego y la mitad aproximadamente están en situación irregular.

En lo que no parecen estar de acuerdo Junta y Gobierno es en la posibilidad de llamar a parados que están cobrando la prestación por desempleo para que trabajen en la recuperación y reforestación de las zonas afectadas.

Desempleados

En este sentido, mientras que el subdelegado del Gobierno dijo que esta posibilidad estaba ya contemplada en el decreto de 2005 que amplía el nuevo texto aprobado el pasado viernes, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía aseguró que la administración autónoma no tiene intención de hacer uso de esta posibilidad.

Entre las novedades anunciadas ayer sobre la tramitación de las ayudas cabe destacar el aumento de un mes a dos meses para la presentación de las solicitudes por parte de los particulares, así como la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para recibir las ayudas.

En este sentido, lo ayuntamientos afectados mantienen el compromiso de tener terminada la valoración de daños de sus respectivos términos municipales antes del 15 de septiembre, al objeto de que la Administración central comience a tramitar los préstamos.

Además de las ayudas económicas, establecidas en decreto ley 25/2012, se establecen otras medidas como la exención o reducción de impuestos como el IBI, IVA o IRPF.