La concesión por parte de la Audiencia de Málaga del tercer grado penitenciario al empresario Álvaro García Lavigne, condenado a seis años de cárcel por el ‘caso Intelhorce’, tan solo diez meses después de ingresar en el centro penitenciario ha causado sorpresa, extrañeza y hasta cierta indignación en medios judiciales.
El tribunal ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la juez de Vigilancia Penitenciaria y del fiscal, que se opusieron a la clasificación en tercer grado de Lavigne, por no haber cumplido siquiera una cuarta parte de la condena y porque el empresario aún no ha satisfecho el pago de gran parte de los 3,6 millones de euros de responsabilidad civil a la que fue condenado en la sentencia, según explicaron fuentes judiciales.
Tras ser condenado en 2001 por la Audiencia de Málaga, Álvaro García Lavigne recurrió ante el Tribunal Supremo, que confirmó en 2004 la sentencia e incluso elevó de cuatro a seis años la pena por delitos fiscal, de simulación de contrato y falsedad . Posteriormente recurrió al Tribunal Constitucional y luego solicitó el indulto, que le fue denegado. Agotadas todas las vías, ingresó finalmente en prisión el 13 de abril del año pasado para empezar a cumplir la pena.
En noviembre del año pasado su abogado recurrió ante la Audiencia de Málaga la procedencia de la concesión del tercer grado penitenciario dada la antigüedad de los hechos –la privatización de la textil Intelhorce realizada entre 1984 y 1987– y alegando que se encontraba satisfaciendo ya la responsabilidad civil que fue fijada en la sentencia. Su defensor argumentó también ante el tribunal el «total arrepentimiento mostrado» y la «desigualdad y discriminación», que se estaría produciendo con Lavigne, respecto de otros de los condenados que disfrutan ya del tercer grado, así como sus circunstancias personales y familiares.
Alegaciones
El fiscal y la juez de vigilancia penitenciaria se opusieron a las pretensiones del abogado de Lavigne, alegando que éste no había cumplido aún una cuarta parte de la condena. Además, según fuentes judiciales, alegaron que en el expediente «consta que ha pagado tan solo 250 euros», de los 3.693.831 que debe abonar en concepto de responsabilidad civil.
El tribunal, en un auto dictado el pasado 2 de febrero, aunque reconoce que el recluso ha realizado el pago de «una escasa suma» de la responsabilidad civil a la que fue condenado, le concede el tercer grado por «el tiempo transcurrido» desde que Instituciones Penitenciarias lo clasificó en segundo grado (junio de 2011) y los meses que han transcurrido desde que recurrió el abogado de Lavigne (en julio 2011) y la llegada del recurso a la Audiencia de Málaga (22 de diciembre). Afirma que ha habido tiempo para el «estudio suficiente y conocimiento del interno», del que, a excepción de la duración de la pena, valora para el tercer grado «el apoyo familiar con el que cuenta, la existencia de trabajo, su primariedad delictiva y su voluntad de seguir satisfaciendo la responsabilidad civil a la que fue condenado», añade el auto.
La resolución ha sido acogida con «estupor», según fuentes judiciales, dado que consideran en «la delincuencia de cuello blanco con delitos contra el patrimonio público debe primar en la reinserción el pago de las cantidades que han sido defraudadas al Estado».
En el proceso privatización de la textil malagueña Intelhorce se produjo un fraude al erario público valorado en unos tres mil millones de las antiguas pesetas.
