Los trabajadores de Limasa convocarán una huelga indefinida a partir del próximo día 20 (justo después de los carnavales) en respuesta a la decisión de la parte privada de la empresa (el Ayuntamiento de Málaga posee el 49% del accionariado) de congelar el sueldo de la plantilla dentro de la política de recortes que la sociedad mixta pretende aplicar este año para equilibrar sus cuentas. Sin embargo, el conflicto radica en que mientras los empleados sufren recortes salariales, la parte privada sigue sin pronunciarse sobre la posibilidad de renunciar a parte de su margen de beneficio, que supone unos 600.000 euros anuales en virtud el acuerdo suscrito en 2001 con el Consistorio que garantiza a la empresa unas ganancias por encima del 2% de la facturación.
La medida de presión ha sido adoptada esta mañana por el comité de empresa inmediatamente después de mantener sendas reuniones con el alcalde, Francisco de la Torre, y la Gerencia de la entidad en la que “no se ha aclarado nada ni se ha arrojado algo de luz sobre la propuesta que debe plantear la parte privada sobre sus beneficios”, según el presidente del comité, Francisco José Morales, quien ha amparado la decisión en la “carta blanca” que dos tercios de la plantilla (compuesta por 1.254 empleados) otorgó al comité de empresa en la asamblea celebrada a finales de enero para tensar la cuerda a la hora de exigir el cumplimiento del convenio laboral, que fija para este año una subida salarial del 2%.
Por su parte, De la Torre ha asegurado que “no es el momento” de convocar un paro cuando se está en plena negociación. En este sentido, el regidor mantiene que en los próximos días conocerá la respuesta definitiva de los socios privados (FCC y Urbaser). En este sentido, la propuesta del Ayuntamiento consiste en la renuncia de los beneficios que les aporta la empresa y la revisión del canon de asistencia técnica, que ronda los dos millones de euros anuales. “El Ayuntamiento pide sacrificio a ambas partes”, ha recalcado el alcalde.
En cuanto se presente oficialmente la convocatoria de huelga (en un principio está previsto que se haga mañana), las partes tendrán doce días por delante para sentarse a negociar. De llevarse finalmente a cabo, será la Junta de Andalucía la que decrete los servicios mínimos para garantizar que el paro no cause graves perjuicios a la ciudadanía. En este punto, habría que remontarse a la semana de huelga que los empleados de sociedad mixta protagonizaron en junio de 2002, que se saldó incluso con disturbios y quema de contenedores en las calles.
