Ante más de 400 representantes del sector de playas de toda Andalucía, reunidos esta mañana en el hotel Amaragua de Torremolinos, el nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha mostrado el compromiso del Gobierno a garantizar el futuro de los chiringuitos. Para ello, pactará con los empresarios una reforma rápida de la Ley de Costas, que permita, entre otras cuestiones, garantizar jurídicamente el desarrollo de su actividad, prolongar el periodo de las concesiones y mayor flexibilidad en cuanto a las dimensiones y las ubicaciones de los establecimientos.
Durante su comparecencia, Ramos de Armas se esforzó en recalcar que es posible compatibilizar las empresas con el medio ambiente, puesto que, a su juicio, estas son las primeras interesadas en que las playas estén en las mejores condiciones, al ser su modo de vida. Al tiempo, argumentó que «una situación sin resolver», en alusión a la alegalidad en la que se encuentran muchos negocios, «no beneficia a nadie ni protege el medio ambiente», sino que «solo genera inseguridad jurídica».
Por ello, en primer lugar defendió la necesidad de revisar ya los plazos de las concesiones, para dar seguridad a las inversiones que llevan a cabo los empresarios de playas. Al tiempo, abogó por uniformar los deslindes, mediante la desafectación de aquellas zonas que han perdido su valor medioambiental.
Entre los aspectos que se abordarán en próximas reuniones con los representantes de la patronal, el secretario de Estado mencionó los escollos existentes en cuanto a las ubicaciones, los plazos para las gestiones administrativas, la rigidez en cuanto a las distancias entre unos y otros, que, dijo, «en muchos casos no tiene sentido», y la necesidad de estabilizar las playas frente a los temporales. «Ahora, se trata de generar un texto que dé seguridad y garantice la conservación de la costa», sentenció.
En el encuentro participaron además el presidente del PP andaluz, Javier Arenas; su homólogo malagueño, Elías Bendodo, los diputados de esta formación en el Congreso y los alcaldes de los municipios costeros de la provincia.
