El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, ha declarado hoy en el juicio en el que está acusado de dos delitos urbanísticos, que no sabía que la licencia que concedió por decreto en 2006 para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable era ilegal. El exregidor ha manifestado al juez que él no tramitaba ni informaba nada, que todo lo hacía la secretaría municipal y que nunca le advirtieron de que se estaba cometiendo ninguna ilegalidad, porque de haberlo sabido no la hubiera concedido.
Otros seis acusados en este caso, entre la los que se encuentra la actual alcaldesa del pueblo, Pilar Ortiz y concejales y exconcejales, han quedado absueltos al retirar al fiscal su acusación contra ellos al advertir la ausencia de dolo para la comisión del delito. El Ministerio Público, sin embargo, ha mantenido su acusación contra Aranda, para el que pide cuatro años de cárcel y veinte de inhabilitación.
Según el fiscal, José Manuel Aranda, que se vio obligado a abandonar la Alcaldía en marzo del pasado año por una condena anterior también por delito urbanístico, concedió por decreto el 6 de septiembre de 2006 una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable en la zona conocida como La Machera con los informes en contra del arquitecto municipal y la secretaría del Ayuntamiento. Al tratarse de un terreno no urbanizable le fue requerido al propietario un proyecto de actuación que fue informado negativamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por entender que la construcción proyectada carecía de numerosos requisitos ineludibles, además de por no quedar justificada la necesidad de la vivienda unifamiliar vinculada a la explotación agrícola. A pesar de ello, en marzo de 2006 la comisión de gobierno presidida por el entonces alcalde, José Manuel Aranda, resolvió aprobar el proyecto de actuación aún conociendo el informe contrario de la Junta.
José Manuel Aranda (PSOE) se vio obligado a abandonar el cargo de alcalde en marzo del pasado año después de que el Ayuntamiento de la localidad recibiera una notificación del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga instándole a cumplir la sentencia de nueve años de inhabilitación a la que fue condenado por un delito urbanístico anterior.
La Audiencia Provincial condenó a Aranda en noviembre de 2010 a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto una sentencia anterior del Juzgado de los Penal número 3 que lo había absuelto varios meses antes. José Manuel Aranda aún tiene pendientes varias causas más, también relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo en el municipio.
