El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha anunciado hoy que recurrirá el decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable aprobado por la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado hoy en un comunicado que el decreto constituye "una auténtica chapuza jurídica", que plantea más incertidumbre para todos los afectados, ya sean los potenciales beneficiarios o los defensores del medio ambiente.
Yus se ha referido a que el decreto establece una ordenación indiscriminada de las viviendas en suelo no urbanizable, que en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se limita exclusivamente a las vinculadas a la actividad agrícola, ganadera y forestal, siempre que se justifique su necesidad o que tengan un interés público.
"Es jurídicamente inadmisible que una norma de rango inferior a la ley contradiga lo que se regula mediante ella, y para que ello sea posible, el contenido del decreto se tendría que haber aprobado como ley o como una nueva redacción de la LOUA", ha argumentado.
El recurso de GENA también hará referencia a que el decreto de la Junta sólo excluye de la regularización las casas que se encuentran en suelos protegidos o sometidos a prevención por riesgos geológicos, pero nada dice sobre las normas que establece el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía para la protección del paisaje.
Los ecologistas consideran que la Junta no ha excluido de la regularización las viviendas que se han construido en hitos paisajísticos o en laderas de más del 30 por ciento de pendiente, por lo que el decreto también está obviando las normas del POT, que son de rango superior, al ser este plan una derivación de la LOUA.
Por otro lado, Yus ha indicado que un decreto administrativo no puede eliminar el carácter de delito previsto en el Código Penal para este tipo de construcciones, "algo que sólo podría conseguirse con una amnistía de todas las de la ley".
"Este hecho nos conduce a considerar una escalada de denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga para todas las viviendas que, pretendiendo ser regularizadas ahora, se hayan construido antes de prescribir el delito", ha sentenciado el presidente de GENA.
