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Rocío Amigo, abogada de Juan Antonio Roca.:: Salvador Salas
La 'notitia criminis' llegó del juzgado
JUICIO MALAYA

La 'notitia criminis' llegó del juzgado

La policía aseguró ayer que fue el juez quien dio la pista para investigar a Roca. El punto de partida fue su «control absoluto del urbanismo, sin ser cargo electo ni funcionario, usurpando la voluntad popular»

MONTSE MARTÍN

Miércoles, 27 de abril 2011, 12:06

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No era funcionario, ni concejal, ni alcalde, solo un empleado contratado. Sin embargo controlaba de manera «absoluta» desde su despacho en la empresa municipal Planeamiento 2000 el urbanismo de Marbella. Este fue el punto de partida para investigar al presunto cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, el hilo del que tirar que proporcionó el juez Miguel Ángel Torres a los reponsables policiales durante una reunión a la que les convocó un sábado por la mañana en su despacho del juzgado.

Así lo explicó ayer ante el tribunal que juzga el caso uno de los inspectores de la Udyco que participaron en las pesquisas que destaparon la trama de corrupción urbanística. El policía intentó despejar las dudas que la abogada defensora de Roca sembró al preguntarle insistentemente sobre el momento preciso en que comenzó la investigación policial. Rocío Amigo trató de poner de manifiesto que las pesquisas pudieron no ajustarse a la legalidad y que incluso la policía ya investigaba a Roca antes de que se lo ordenara el juez instructor.

«La 'notitia criminis' llega por parte del juzgado y por la declaración que el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Jorge González, hizo ante el juez», aseguró el inspector con contundencia ante las insinuaciones de la letrada.

El testigo relató de forma detallada el inicio de la investigación del 'caso Malaya': «El juez Miguel Ángel Torres nos citó a una reunión en su despacho, por lo especial de la investigación. Era sábado. Nos pidió especial sigilo por la complejidad del asunto y nos dio en mano el mandamiento de investigación en el que iba adjunta la declaración de Jorge González, en la que éste hablaba del poder de Roca en el Ayuntamiento». El mando policial agregó que Miguel Ángel Torres les puso al tanto de que había sido el redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que finalmente no fue validado, que había muchos concejales imputados en delitos urbanísticos y que el sentido de sus votos en las comisiones de gobierno dependía de lo que se indicara desde la oficina de planeamiento que dirigía Roca, al que se le adjudicaba ya en aquel entonces un importante patrimonio.

Sospechas de cohecho

Rocío Amigo cuestionó al policía por qué se investigó por cohecho a Juan Antonio Roca cuando, según dijo, de la declaración de Jorge González se desprendían solo imputaciones por delitos contra la ordenación del territorio (urbanístico), prevaricación y tráfico de influencias. El testigo respondió que los investigadores llegaron a esa conclusión a partir de una serie de elementos.

«Roca no ocupaba cargo electo, ni era funcionario y controlaba el urbanismo de Marbella de forma absoluta y exhaustiva como si fuera el alcalde. Además tenía procedimientos judiciales abiertos, de hecho estaba en libertad bajo fianza por un delito grave como la malversación de caudales públicos ('caso Saqueo I')», dijo el policía. Añadió que «el juez nos informó de las imputaciones contra los concejales y de que algunos de éstos habían dicho que votaban lo que decía Roca, por lo que éste estaba usurpando la voluntad popular, lo cual es una cuestión de extrema gravedad, al menos para nosotros, no sé si para usted», apostilló el policía.

El resto de las preguntas de la abogada del principal imputado al agente se centraron deslegitimar las intervenciones telefónicas y los registros practicados durante la operación policial. El inspector en todo momento subrayó las «dificultades» para investigar a Roca, que disponía de un servicio de contra vigilancia como, a su juicio, se demostró más tarde con un informe, conocido como 'dossier Bernard', hallado durante el registro del trastero de su casa en el que figuraban datos privados de periodistas, promotores, abogados, como José María del Nido, así como de Julián Muñoz y otros ediles que se aliaron con él antes de la moción de censura de 2003.

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