Desde la primavera de 2007, la Casa Invisible se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del gobierno municipal. Un colectivo de ciudadanos particulares y asociaciones socioculturales ocuparon de manera ilegal el inmueble situado en los números 9 y 11 de la calle Nosquera y allí se hicieron fuertes con un programa de actividades que pronto concitó el apoyo de diversos foros cívicos e intelectuales. El asunto llegó incluso a oídos de los responsables del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que ha actuado como mediador en un largo conflicto que ahora llega a su fin. Y lo que es mejor. En principio, lo hace a gusto de todos.
Porque el Ayuntamiento quería que en la solución participaran la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Y se ha cumplido. Porque La Invisible deseaba mantenerse en este inmueble de titularidad municipal. Y lo ha logrado. Porque las administraciones preferían que allí no viviera nadie de manera ilícita. Y el acuerdo contempla que el uso del espacio se limite a la organización de actividades socioculturales. Porque unos y otros parecían poco cómodos en el terreno de la ilegalidad en el que se movía el asunto. Y ese fantasma se aleja con el protocolo de intenciones anunciado esta mañana.
El documento incluye ocho cláusulas. La primera establece la “autorización temporal para la ocupación” por parte del Ayuntamiento de un “espacio” que, en la práctica, es el inmueble ocupado desde hace tres años y medio (tal y como recoge el tercer epígrafe del texto). La segunda sección requiere que La Invisible se constituya como una fundación privada. La cuarta incluye el compromiso de los usuarios para desarrollar actividades culturales y establece: “el colectivo asumirá la responsabilidad sobre el local facilitado y las personas que lo ocupan, así como sobre su mantenimiento y conservación”, al tiempo que fija que será el grupo ciudadano el que se haga cargo de “la contratación y los costes de los servicios básicos del inmueble (electricidad, agua, licencias...), así como de su mantenimiento y de los preceptivos seguros”.
La quinta cláusula limita el destino de la casa a las iniciativas “exclusivamente” socioculturales, rechazando de forma expresa el “uso de residencia”. La sexta adelanta que el proyecto cultural de La Invisible contará con el asesoramiento del gestor Santi Eraso, director durante veinte años de Arteleku.
Los dos últimos epígrafes contemplan, por un lado, la duración del protocolo de intenciones (doce meses) y la convocatoria de un nuevo encuentro una vez transcurrido ese periodo para suscribir un convenio de colaboración entre las administraciones implicadas y La Invisible. “Por el contrario, en el caso de que al término del plazo fijado no se hayan llevado a cabo las estipulaciones del Protocolo, el colectivo desalojará voluntariamente el inmueble para dejar paso al proyecto municipal de creación de empresas” anunciado por el Ayuntamiento en 2008. El tiempo lo dirá.
