EL pasado miércoles cumplió siete años, pero los ayuntamientos tienen pocos motivos para festejarlo. El 20 de enero de 2003 entraba en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, una norma creada a modo de escarmiento para los casos de corrupción urbanística que empezaban a destaparse en la Costa del Sol. Después de siete años, la LOUA pesa sobre la espalda de la práctica totalidad de los municipios malagueños como una losa que coarta sus políticas urbanísticas al tiempo que fundamenta la acción de la Guardia Civil y la Fiscalía para llevar a los tribunales actuaciones de los alcaldes que hace siete años no eran delito y ahora les suponen penas de cárcel. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué se ha llegado a una situación que pone en jaque incluso el funcionamiento de las instituciones democráticas como ha sucedido esta semana en Carratraca? Expertos en derecho urbanístico consultados por este periódico responden a estas y otras cuestiones de la temida LOUA.
Todos coinciden en señalar que los pequeños municipios han sido los más perjudicados por la normativa, especialmente en lo relativo al suelo no urbanizable, es decir, el campo. Antes de la LOUA, los propietarios de parcelas en suelo rústico podían obtener sin demasiados problemas los permisos para construirse una vivienda. La ley permitía la existencia de una casa en fincas de 2.500 metros cuadrados vinculadas a explotaciones de regadío. «Casi todo el mundo que quería hacerse una casa en el campo lo podía hacer y no era delito», señala Manuel Jiménez, del despacho de abogados de Juan Ramón Fernández-Canivell. Los ayuntamientos concedían permisos para construir casas de aperos a sabiendas de que la licencia amparaba incluso chalés con piscina.
Con la llegada de la LOUA, la legislación da un giro radical y prohibe cualquier tipo de edificación en suelo no urbanizable, con la única excepción de la que esté vinculada a una explotación ganadera o agrícola, aunque para ello impone unos condicionantes muy difíciles de cumplir. Las casas construidas ilegalmente antes de 2003 se libran de la ley -no aquellas que se levantaron en suelo agrícola protegido o de dominio público hidráulico- pero las que se hicieron después no. «Y se hicieron miles», dice Manuel Jiménez.
Alcaldes y vecinos de pueblos medianos y pequeños no entendieron por qué tenían que prohibir lo que se había instalado como una cultura, algo propio de su territorio: tener una casa en el campo. «Los ayuntamientos no eran conscientes de que estaban cometiendo un delito. Es como llevar a alguien a la cárcel por aparcar en doble fila, todo el mundo lo hace», expone Francisco Carrera, del servicio de planeamiento del Colegio de Arquitectos de Málaga.
A su juicio y el de otros expertos consultados, la Junta de Andalucía elaboró la LOUA de manera precipitada, sin pensar en las consecuencias que podía tener, sobre todo sabiendo que el 'boom' inmobiliario estaba salpicando los montes de cientos de miles de viviendas. «La ley fue cocinada entre diez personas sin coordinarla con el resto de leyes estatales y autonómicas. Incluso el Consejo Consultivo de Andalucía la devolvió pidiendo que se redactara bien», señala otro de los expertos.
El Gobierno andaluz tiene otra opinión. La delegada en Málaga de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, sostiene que otras comunidades autónomas tienen leyes muy parecidas a ésta y que el problema no está en la norma «sino en los alcaldes que no la han acatado». «Muchos ayuntamientos han hecho caso omiso a la LOUA y la Fiscalía no ha sido demasiado rápida en actuar, por lo que es ahora, siete años después, cuando se están viendo las consecuencias», aclara la delegada.
Por su parte, desde el Colegio de Arquitectos consideran que la aplicación de la ley ha sido excesivamente dura con Málaga en comparación con otras provincias. «En los últimos años se han presentado unos mil expedientes para intentar hacer una casa en suelo no urbanizable cumpliendo los requisitos de la LOUA, pues bien, creo que sólo se han aprobado dos. Hay auténticos agricultores que no han podido hacerse su casa junto a sus plantaciones porque la Junta ha sido estricta hasta el extremo», detalla Francisco Carrera. El resultado: ayuntamientos que no se atreven a dar los permisos y propietarios de parcelas que terminan por construir su obra a sabiendas de que los pequeños municipios no tienen medios ni voluntad de ejercer una mínima disciplina urbanística.
Inventario
Josefa López responde por su lado que se han autorizado muchas más viviendas en estos años en suelo rural y que se está haciendo actualmente un inventario de las edificaciones existentes en la Axarquía y otras zonas de la provincia como Mijas para ver qué puede legalizarse y qué no. «No todo lo que existe en suelo no urbanizable es ilegal», advierte, aunque no puede asegurar qué consecuencias en lo relativo a derribos va a traer la acción de los tribunales. «No se van a tirar abajo miles de viviendas en un municipio, pero es verdad que los jueces están dictando sentencias de demolición», añade.
Y es que a raíz de la acción de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía para perseguir estas situaciones por la vía de lo penal han salido a la luz casos de corrupción urbanística que hacen ver a muchos de los alcaldes de zonas rurales como delincuentes aunque su acción no vaya más allá de la de hacer la vista gorda.
A juicio de las personas interrogadas, el Gobierno andaluz debería establecer alguna regulación específica para el suelo rural (como la existente en Galicia o la Comunidad Valenciana) que sea más flexible y consecuente con la realidad de lugares como los montes de la Axarquía, donde se detectaron más de diez mil viviendas ilegales. Según comentan algunas fuentes, la Junta ya está estudiando esta posibilidad a nivel interno. Sin embargo, la delegada de Vivienda lo desmiente y afirma que «el espíritu de la ley es el que es y no se va a tocar».
Pero la LOUA también ha caído como jarro de agua fría en aquellos municipios que tenían puestas sus esperanzas de ingresos en el urbanismo. La obligación de elaborar y realizar planes generales de ordenación urbana (PGOU) adaptados a la LOUA animó a los ayuntamientos a ponerse manos a la obra, pero pronto se encontraron con nuevos límites impuestos por el Gobierno andaluz ante lo desmedido de algunas propuestas de crecimiento. Así, con la llegada del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Junta estableció que los municipios no podían crecer en más de un 40% del suelo urbano existente ni su población podía aumentar más de un 30% en ocho años.
Estos límites no preocuparon en demasía a los grandes municipios, pero supuso una asfixia para los pequeños hasta el punto de que algunos desistieron y abandonaron la elaboración de un nuevo PGOU, según confiesa el técnico del Colegio de Arquitectos. «Por eso y otros controles que se imponen a la hora de planificar un suelo no se ha aprobado prácticamente ningún plan general en la provincia, con la única excepción de Cortes de la Frontera y Guaro. Los ayuntamientos se aburrieron al ver que la Junta les ponía cortapisas para todo», comenta Francisco Carrera.
El Gobierno andaluz, que a través de la LOUA marcó la fecha de enero de 2007 para que todos los planes locales estuvieran revisados y adaptados a sus criterios, se vio obligado entonces a establecer la figura de la adaptación parcial, una revisión provisional de los planes para evitar que el urbanismo quedara totalmente paralizado en algunas localidades. A esta opción se han acogido ya un buen número de municipios de la provincia de los que 15 van a tener en breve la aprobación de la Junta, aunque otros como la capital persisten en la elaboración de un nuevo PGOU. No obstante, hay unos treinta pequeños pueblos que carecen de planeamiento alguno y tienen que partir de cero.
Al no estar aprobados los planes, no está vigor la reserva obligatoria de un 30% de los nuevos suelos para VPO, por lo que tampoco se ha logrado el que se vendió como uno de los principales beneficios de la ley. «Después de siete años, podemos concluir que ha sido un fracaso, porque ni se ha frenado la construcción de viviendas ilegales ni se ha fomentado la construcción de VPO, que se dejó en manos de la iniciativa privada. Al final, el mercado está parado y no se hacen ni viviendas libres ni protegidas», sostiene Carrera.
Para los grandes municipios de la provincia, la LOUA supone además un freno a sus expectativas de ingresos por el urbanismo. La ley impide a los consistorios tocar el dinero procedente de convenios urbanísticos hasta que no estén aprobados totalmente los proyectos que amparan. Además, limita el destino que deben tener esos ingresos y marca estrictos límites de edificabilidad para los sectores urbanos que se pretenden regenerar con nuevas actuaciones.
Un ejemplo claro de esto último se encuentra en el proyecto del Ayuntamiento de Málaga de convertir el polígono de San Rafael (absorbido por la trama urbana) en una zona residencial. Los límites edificatorios de la LOUA hacen que no les salgan las cuentas a las empresas que tendrían que vender sus parcelas para trasladarse a otro lugar de la ciudad.
