Una ordenanza contra la prostitución callejera de catorce artículos y con sanciones entre los 750 y los 3.000 euros es el fruto de la iniciativa presentada en conjunto por empresarios y vecinos de Málaga capital para acabar con una práctica que consideran que entra en conflicto con sus derechos.
"Tanto los ciudadanos como los empresarios queremos que la vía pública sea pública de verdad y no esté tomada por la prostitución", ha afirmado en rueda de prensa la presidenta de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma), organización que ha encargado la elaboración de la ordenanza municipal, que ya ha sido presentada al Ayuntamiento.
El texto propone que se prohíba "ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público".
Asimismo, establece una especial prohibición para cuando estas conductas se lleven a cabo a menos de doscientos metros de un centro educativo o a menos de cuatrocientos metros de comercios abiertos al público, lo que en el caso de Málaga supondría acabar con la prostitución en los polígonos y en las calles del centro de la ciudad.
La ordenanza distingue entre faltas leves, graves y muy graves, lo que depende de la reiteración, "un aspecto que juega un papel fundamental", según ha explicado el jurista José Manuel Cabra de Luna, redactor del proyecto citado.
El letrado ha explicado que la prostitución es una actividad que no está prohibida por el ordenamiento jurídico español, "algo que es competencia del Gobierno", aunque ha subrayado que los ayuntamientos pueden regular el uso de la vía pública por lo que "también pueden abordar el fenómeno transversalmente".
En este sentido, distintos representantes de asociaciones de vecinos y comerciantes se han unido a la iniciativa de Apoma y han solicitado al Ayuntamiento de Málaga y a la Subdelegación del Gobierno que afronten, cada uno en el ámbito de sus competencias, una actividad que se calcula genera cincuenta millones de euros al día en España de forma ilegal y cuyos efectos se materializan en "inseguridad, violencia o tráfico de drogas".
