Manuel Huertas: «La venta ambulante es un sector débil, pero con vocación de pelea»

Si le digo 'directiva Bolkestein', ¿qué se le pasa por la cabeza?

Es una normativa cuya finalidad está muy bien porque supone permitir el libre establecimiento de prestadores de servicios en todo el ámbito de la Unión Europea para eliminar cortapisas y trabas burocráticas y territoriales. Nuestra denuncia es que está prevista especialmente para las grandes superficies y nadie se ha acordado de los vendedores ambulantes, mientras que otros sectores que podrían verse afectados, como el taxi, sí han sido excluidos.

¿Qué va a suponer para la venta ambulante?

Nos vamos a encontrar con que en la concesión de las licencias administrativas, que ahora se renuevan cada año, no se puede baremar positivamente el hecho de que se haya prestado el servicio con anterioridad. Hablamos de familias que tienen hipotecas, furgonetas compradas, inversiones hechas y toda su vida organizada alrededor de la venta ambulante y no se les puede decir de golpe y porrazo que a partir del año que viene se van a encontrar con un limbo jurídico en el que nadie tiene la respuesta sobre lo que va a pasar.

¿Se han puesto en contacto con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte?

Las instituciones nos tienen olvidados. Hemos solicitado por varios cauces que nos reciban, pero no nos han dado una respuesta concreta y lo que no queremos es encontrarnos con los hechos consumados. Da la sensación de que no saben qué solución darle al problema. Nosotros pedimos un encuentro para ofrecer unas alternativas que entendemos que son viables y factibles.

¿Qué alternativas son esas?

La solución nos la da la misma directiva cuando habla de que las licencias no tendrán una duración excesiva, pero sí la necesaria para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa del capital invertido. Es lo que planteamos, que se establezca un plazo acorde a las inversiones que los ayuntamientos exigen a los vendedores como gastos de Seguridad Social, pago de tasas e impuestos, etcétera. Por otro lado, proponemos una excepción en base a criterios de política social como también prevé la directiva, es decir, que se tengan en cuenta las circunstancias concretas de este sector. No hablamos de tiendas estables, ni de cafeterías, sino de vendedores con una economía muy precaria.

«Hasta el final»

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

Hasta el final. Que no le quepa la menor duda a nadie. Está en juego el sustento de familias enteras que han vivido toda su vida de esto y que en muchos casos no son reciclables profesionalmente. Este es un sector débil pero con vocación de pelea.

¿Cómo puede afectar la nueva regulación al consumidor?

La directiva dice que promueve un servicio de calidad, pero si una persona no sabe si el año que viene va a poder vender o no en este puesto, ¿qué inversiones va a hacer? Si yo tengo cierta seguridad en la renovación progresiva puedo comprar una mejor furgoneta, un mejor puesto, una mejor mercancía... El consumidor saldría perjudicado en ese aspecto y en el de la atención al público.