El PP pedirá a la Fiscalía de Málaga que investigue presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Alfarnatejo, en la que se ha llevado a cabo la construcción de una treintena de viviendas prefabricadas mediante una licencia de camping, el cual no tenía tampoco permiso de apertura, según informó hoy el secretario general del PP malagueño, Francisco Salado.
Salado señaló que, además de no contar con esa licencia de apertura, el proyecto de camping "no está aprobado y tiene una orden de cierre desde primeros de noviembre", por lo que criticó que, actualmente, hay "unas 40 familias que están viviendo una pesadilla, al no tener luz ni agua y habiendo pagado importantes cantidades a la empresa promotora".
Así, el secretario provincial del PP explicó en rueda de prensa que el 17 de marzo de 2004 el promotor presentó un plan parcial en la finca El Cortijuelo del municipio, que fue denegado por el Ayuntamiento, afirmando en un documento que "no se ajustaba a la clasificación del suelo del sector, ya que la zona no era urbanizable".
El 4 de mayo de 2004, un representante de una asociación ecologista presentó una denuncia en el Ayuntamiento en la que aseguraba que sobre esta finca "se estaba levantando un pueblo de más de 80 parcelas, instalando casas prefabricadas con losas de hormigón y con infraestructuras de viviendas fijas y permanentes y no para uso temporal".
A raíz de esa denuncia, el 12 de mayo de 2004 el Ayuntamiento inició un expediente de protección a la legalidad urbanística y pidió la retirada "inmediata" de las viviendas al promotor, según manifestó Salado, quien añadió que el Consistorio comunicó la situación a la Delegación Provincial de Obras Públicas y ésta solicitó más información sobre el enclave y la situación de las obras.
No obstante, Salado criticó "el cambio de actitud del alcalde", Antonio Benítez (PSOE), ya que, tras esta oposición, el Ayuntamiento aprobó en un pleno un plan especial para camping, "como herramienta para seguir adelante con las construcciones ilegales".
"Es aquí cuando el regidor comienza a posicionarse a favor del promotor y empieza a agilizar los trámites para legalizar el camping", afirmó el dirigente popular, quien indicó que, a pesar de tener abierto un expediente sancionador y requerimientos de la Junta de Andalucía, el alcalde concedió al constructor la licencia de obras.
Cuestionó también acerca de "cómo puede el alcalde conceder una licencia de obra a pesar de tener abiertos un expediente sancionador y otro de protección a la legalidad urbanística", al tiempo que subrayó que, a raíz de esta situación, "la Delegación de Obras Públicas dijo que los trabajos no se correspondían con el proyecto de actuación".
Salado señaló que, posteriormente, la licencia urbanística fue impugnada por la Delegación de Obras Públicas ante el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo y criticó que "el alcalde haya estado en connivencia total con el promotor desde el principio". "Cuando se ha visto cerrado por no tener licencia de apertura ha decretado el cierre del camping, cortando el suministro de agua", lamentó.
Por último, criticó que los residentes --todos ellos extranjeros comunitarios-- hayan sido empadronados a pesar de contar con un informe en contra emitido por el secretario del Ayuntamiento, por lo que, según indicó Salado, puede haber "un presunto delito electoral, ya que, al parecer, podría haber declaraciones formales de intención de voto".
"Denunciaremos estos hechos ante la Fiscalía, ya que pensamos que puede haber delitos contra la ordenación del territorio, estafa y otro de empadronamiento falso", concluyó.
Liga malagueña
Por otro lado, el secretario general del PP de Málaga aseguró hoy que la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga María Dolores Fernández "ha ocultado información y datos sobre sus actividades mercantiles y su patrimonio para evitar una posible situación de incompatibilidad", ya que, al parecer, la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Amparo Bilbao, concedió ayudas a la Liga Malagueña de la Educación y la Cultura cuando la edil era presidenta de esta asociación sin ánimo de lucro.
Salado explicó que la edil tiene "dedicación exclusiva", por lo que no puede percibir doble remuneración y, además, "está obligada a declarar todos sus bienes", por lo que el PP exigió que presente de manera pública su declaración de la renta.
Así, el secretario popular exigió a la edil del PSOE que comparezca pública y voluntariamente en el pleno del Ayuntamiento para explicar si la organización a la que pertenece ha recibido subvenciones de las administraciones públicas.
