LOS DATOS
Sólo 220 empleados de los 1.300 que conforman la plantilla municipal de Estepona son funcionarios; el resto, son personal laboral o forman parte de la plantilla de las empresas municipales. Para el gobierno local se trata de una tasa «muy baja» y para incrementarla pretenden poner en marcha un proceso de funcionarización que busca dotar de estabilidad a la plantilla. Por el momento, se va a comenzar con la conversión en funcionarios de 59 trabajadores que en la actualidad personal laboral indefinido o interino. Según la concejala de Personal, Cristina Rodríguez, se abrirá una convocatoria pública para cubrir esas plazas, si bien apuntó que las bases de este concurso no están definidas y se negociarán con los representantes de los trabajadores.
El plan diseñado por el Consistorio todavía no está cerrado pero ya ha levantado las críticas en el sindicato CSI-CSIF, mayoritario entre el personal funcionario. Desde la central sindical consideran que se trata de un «nuevo episodio del catálogo del desconcierto» en el que se ha convertido la gestión del personal municipal. Tanto es así, que han remitido un escrito al Ayuntamiento en el que piden información sobre este procedimiento de funcionarización, el tipo de pruebas que se van a exigir y el gasto o ahorro que va a suponer para las arcas municipales.
Así, el sindicato se pregunta por qué se ha elaborando un listado con los nombres y apellidos de los 59 trabajadores para participar en este procedimiento; al mismo tiempo que recuerdan que si se se realiza una convocatoria pública no se puede garantizar a estos trabajadores que van a obtener esa plaza. «¿Con qué criterios se han escogido a estos trabajadores cuando hay 260 laborales?», se preguntó el delegado sindical del CSI-CSIF, José María López.
Entre el personal incluido en este listado figuran la concejala no adscrita Marisa Rodríguez, el edil del PP, Miguel Ángel López y la hija del coordinador local de IU, Antonio Murcia. En este caso, el sindicato advirtió de que se trata de un contrato temporal de seis meses que pasó a ser indefinido por un presunto fraude de ley. Por ello, instaron al alcalde de Estepona, David Valadez, a que revise la legalidad de esa contratación y que solicite un informe jurídico respecto de la viabilidad de exigir penal o civilmente responsabilidades.
Las dudas sobre este proceso de funcionarización se producen después de que el equipo de gobierno pretendiera poner en marcha un plan de empleo, que a juicio del CSI-CSIF pretendía una «reducción encubierta» de la plantilla. Por este motivo, la propuesta fue rechazada por los representantes de los trabajadores.
