La juez de instrucción número 12 de la capital dejó ayer en libertad con cargos al secretario municipal del Ayuntamiento de Almogía, a una funcionaria, a un policía local y a la mujer de éste, imputados en la presunta trama de irregularidades urbanísticas destapada el pasado mes de octubre por la Guardia Civil en este municipio.
El interrogatorio del secretario municipal giró en torno a siete u ocho licencias, además de una vivienda de su propiedad y otra de su hermano, según explicaron fuentes judiciales. El funcionario, de iniciales A. A. T., aseguró, según las fuentes, que en sus informes sólo se refería a aspectos del procedimiento y formales de los expedientes y no a los técnicos, sobre los que no tenía competencia. Declaró que los dictámenes eran estándar, que no los considera confusos respecto a la legislación sino «rigurosos», y que él sólo se dedicaba a informar sobre legislación que se debía aplicar respecto a régimen jurídico y procedimental.
Rechazó que con sus dictámenes persiguiera facilitar la construcción u otorgamiento de licencias presuntamente ilegales, ya que, según argumentó, no tenía conocimientos técnicos. Asimismo, declaró que no tuvo conciencia o voluntad de haber cometido un delito.
Preguntado sobre si sabía que la Policía Local elaboraba certificaciones sobre antigüedad para realizar obras de reforma, el funcionario manifestó que la Policía Local realizaba informes, no certificaciones de las parcelas a petición de los particulares y que éstos aportaban los proyectos visados. Sobre la construcción de una vivienda suya y de otra para su hermano, el secretario explicó que la resolución dictada por el alcalde de la localidad, Cristóbal Torreblanca, sobre la licencia de su parcela se ajustaba a derecho. Además, matizó que no está terminada y que obtuvo la licencia en 2005, tras encargar el proyecto técnico conforme a las normas subsidiarias. La juez imputa A. A. T. falsedad documental, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.
Durante la jornada de ayer también declararon otras tres personas. El policía local F. L. D. está imputado por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad, y a su mujer M. T. L. G., estafa, falsedad y tráfico de influencias. A la funcionaria del Ayuntamiento de Almogía responsable de los expedientes de disciplina urbanística, de iniciales B. A. H., se le imputa un delito de falsedad. Una quinta persona citada a declarar ayer, el arquitecto municipal, excusó su asistencia por enfermedad presentando su abogado un certificado médico.
Alcalde y dos concejales
Para mañana está previsto que continúen las declaraciones por este caso. Además del alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que la Guardia Civil imputa falsedad documental y delito urbanístico, están citados a declarar en el juzgado dos concejales y otro policía local.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial realizaron a finales de octubre un registro en el Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura, donde se encuentra un archivo municipal, en el que intervinieron varios expedientes urbanísticos. Según fuentes próximas al caso, las pesquisas se centran en un total de quince expedientes por delitos contra la ordenación del territorio.
