Dicen los mandos policiales que desde que en 1901 empezaron a utilizarse en España las huellas dactilares para perseguir a los delincuentes no se había producido una revolución similar en la investigación criminal como la implantación de Sitel en 2004. «Es como pasar de la bicicleta a un Ferrari», explica uno de los funcionarios que trabajó con la empresa danesa ETI en la puesta en marcha del Sistema de Integrado de Interceptación Telefónica, que costó 9,8 millones de euros al Ministerio del Interior.
Sitel ha salido de la sombra a la luz tras la denuncia del PP sobre su dudosa constitucionalidad, pero su historia ya tiene unas páginas. Comenzó a utilizarse, en «fase experimental» y casi sin amparo legal, tras los atentados del 11-M. Su uso permitió conocer en tiempo récord tres datos claves para la investigación: la procedencia de los móviles usados para activar los explosivos, la ubicación de la casa de Chinchón donde los terroristas armaron las bombas y reconstruir al minuto el viaje de los islamistas a Asturias para hacerse con la goma dos.
«Sitel presentaba algún problema, sobre todo porque no sabíamos utilizarlo, pero en horas dio pistas que antes hubiéramos tardado semanas en conocer», explica uno de los responsables de la Comisaría General de Información que trabajó en la investigación.
Su éxito en el 11-M fue indudable. En semanas, todas las unidades judiciales de la Policía y la Guardia Civil comenzaron a usarlo en sus 'pinchazos'. Para cuando el Gobierno aprobó el decreto que regula Sitel, el 15 de abril de 2005, el sistema ya se utilizaba en todas las intervenciones por orden judicial. «Han sido miles, quizás decenas de miles de interceptaciones», apuntan los gestores del proyecto.
«¿También en 'Gürtel'?» La respuesta es tajante: «¡Claro! En 'Gürtel', en la 'Malaya', en el 'chivatazo' (del bar Faisán), en 'Pretoria', en los seguimientos a los etarras... hasta en la menor operación sobre menudeo de drogas que requiera de escuchas. Desde 2005 no hay otro sistema de intervención de comunicaciones», aclara un responsable del Ministerio del Interior.
Este mecanismo ha revolucionado el trabajo policial. Lejos quedan las horas de guardia de un funcionario con cascos a la espera de que el sospechoso reciba o realice una llamada para grabarla. Lo único que sigue igual es que un juez debe dar luz verde al 'pinchazo'. A partir del permiso, basta una llamada de Interior a la empresa operadora del teléfono bajo sospecha para que la compañía empiece a desviar a uno de los tres «servidores centrales» -de la Guardia Civil, Policía y CNI- un flujo de información «impensable hace unos años».
Ya no es sólo el contenido de la conversación y la persona que llama o recibe, como antaño. Sitel desvela los números y duración de las llamadas; la localización geográfica del teléfono -incluidos desplazamientos- sin necesidad de que se produzca la llamada, uso de diferentes terminales con una misma tarjeta, copia de todos los mensajes de texto o vídeo, correo electrónico y acceso a páginas web.
Agentes cualificados
Toda la información, sin depurar, se almacena en los ordenadores de Interior, que sólo pueden ser consultados por los agentes adscritos a la investigación. Cada vez que un policía consulta los datos tiene que introducir una clave que permite rastrear qué información ha consultado y si ese acceso está justificado. Ahí radica la primera crítica del PP: los denominados «agentes facultados» tienen acceso a una información más amplia que la indispensable para la investigación, y no hay mecanismo que garantice que esos datos no saldrán de Interior. Los propios funcionarios aceptan que, en efecto, «buena parte» de esa información «no es operativa», pero «también con los 'pinchazos' analógicos se recababan datos ajenos al objeto de las pesquisas».
Según los protocolos oficiales, un agente estudia esa información y discrimina qué datos entrega al juez. Ese informe va acompañado de la «evidencia legal», que ya no es una cinta de audio sino un DVD. Ahí se centra la segunda queja del PP: nadie garantiza que ese soporte corresponda a todo lo recogido en las grabaciones o que no haya sido manipulado. Tampoco hay un instrumento que supervise que la información desviada por la operadora es toda la recogida y es veraz
