El ex concejal del GIL en Marbella, Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, se ha conformado con nueve penas de 15 meses de prisión por otros tantos procedimientos urbanísticos que estaban pendiente de juicio en Málaga, según informaron a Efe fuentes judiciales. Juan Antonio Yagüe, ex edil de Parques y Jardines en el Consistorio con el Grupo Independiente Liberal (GIL), huyó de la justicia en noviembre de 2006 tras ser condenado a un año de prisión por un delito urbanístico y no se entregó a las autoridades españolas hasta el pasado junio.
Yagüe, que ingresó el mismo día que llegó a España en la prisión madrileña de Soto del Real, había sido citado para que se celebrara juicio contra él en dos procedimientos del Juzgado de lo Penal 1 y tres casos en el Juzgado de lo Penal 6, y tras llegar a un acuerdo entre las partes se ha conformado con la pena solicitada por el ministerio fiscal. También se ha conformado con otras cuatro condenas en tres Juzgados de lo Penal de Málaga donde también había abiertos procedimientos contra él, aunque todavía no se había fijado fecha para las vistas orales.
La acusación pública se ha mostrado satisfecha de que no se haya tenido ni que señalar juicio debido a que al conformarse con los hechos imputados por el fiscal se ha acelerado el procedimiento y se han reducido costes. En estos nueve procedimientos ya fueron juzgados y condenados otros ediles del consistorio marbellí, ente ellos el ex alcalde Julián Muñoz, aunque a Yagüe no se le había podido juzgar debido a que estaba huido y durante años pesó una orden de búsqueda y captura internacional contra él.
Pacto con la Fiscalía
Todos los procedimientos son por delitos urbanísticos al haber autorizado con sus ex compañeros del GIL diversas licencias de obras para la construcción de viviendas en suelo calificado como no urbanizable. En su día, Yagüe, condenado en 2005 y 2006 por dos causas urbanísticas a seis meses y un año de cárcel respectivamente, justificó su huida de la justicia al considerarse «cabeza de turco en España» y dejó en este país a su mujer y dos hijos.
Seis de sus compañeros del GIL en la corporación 1995-1998, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz también alcanzaron el pasado mes mayo un acuerdo con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por el que reconocían su participación en la concesión de licencias ilegales en ocho procedimientos urbanísticos y aceptaban ingresar en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que estaban imputados. El pacto establecía un año de prisión por cada delito, aunque sólo cumplirían un máximo de tres, el triple de la pena máxima, como estipula ley en delitos conexos.
