
La ministra de Defensa, Carme Chacón (c), junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la reunión de la Comisión de Coordinación de seguimiento sobre la situación del secuestro del 'Alakrana', el pasado martes en el Congreso. / Efe
Pedraz mantiene los cargos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa contra los dos presuntos piratas somalíes detenidos por el secuestro del atunero 'Alakrana', ha rechazado retirar la acusación por asociación ilícita que pesa contra 'Abdu Willy', como solicitó su abogado, argumentando que "los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno".
Pedraz ha adoptado esta decisión en respuesta a un escrito presentado por el abogado de 'Abdu Willy', Francisco Javier Díaz Aparicio, quien solicitó al juez que retirara la imputación por este delito para que su cliente se enfrente a penas que no superen los seis años de cárcel y, de esta forma, pueda ser expulsado de España en aplicación de la Ley de Extranjería.
La providencia de Pedraz, que tiene cuatro líneas, detalla que el escrito del letrado se unirá a las actuaciones abiertas en su juzgado y que la imputación de los delitos se fijará "en el momento procesal oportuno", que corresponderá, según han explicado fuentes jurídicas, al momento en el que el juez decida dictar el auto de procesamiento o de transformación en procedimiento abreviado.
El letrado también había reclamado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 que fijara "los hechos objeto de la imputación" y que las diligencias sean tramitadas como procedimiento abreviado, lo que conllevaría una pena inferior a nueve años de cárcel, y no a través de un sumario, previsto para condenas superiores a esta cifra.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha salido en defensa de la actuación del juez Baltasar Garzón al ordenar trasladar a los piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero 'Alakrana' y ha matizado que si actuó así fue porque lo había solicitado el Ministerio Fiscal. Según Juanes, el magistrado desconocía que "existiera intención" de trasladarlos a Kenia.
En una nota informativa, Juanes sostiene que Garzón -que sustituía a su compañero Santiago Pedraz, encargado de la guardia de la Audiencia Nacional cuando el 4 de octubre se detuvo a 'Abdu Wiilly' y a 'Raageggesey Adji Haman'- no actuó de oficio y sí lo hizo "en el marco de la más estricta legalidad" y en respuesta a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Con este comunicado el presidente de este tribunal quiere dejar constancia de que tanto el Juzgado como el juez de guardia procedieron a "legalizar" la situación de los dos personas detenidas por la fragata 'Canarias' tras el abordaje del esquife en el que viajaban tras haber abandonado el 'Alakrana', que fue secuestrado el 2 de octubre.
Esta actuación de Garzón, añade Juanes, se llevó a cabo previa petición del Ministerio Fiscal y de conformidad con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). "Ni el juez de guardia ni el Juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les contó su detención", asevera la nota. Además, el presidente de la Audiencia Nacional señala que Garzón tramitó la causa "por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos atendiendo las circunstancias" y, en concreto, la situación en que se hallaban las personas secuestradas.
Unanimidad en el Gobierno
El Gobierno, de momento, no ha respondido al comunicado de Juanes aunque sí que ha habido un pronunciamiento desde el Ministerio de Defensa para desmentir que haya habido discrepancias en el "gabinete de crisis" a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas. Según fuentes del departamento que dirige Carme Chacón, la Comisión de Coordinación para el seguimiento del secuestro asumió "por unanimidad" el arresto. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata 'Canarias' conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta". En aplicación de esas normas, se procedió a la detención de dos de los asaltantes del atunero "en flagrante delito de piratería", han señalado.