La quiebra de Bansa amenaza con entrar en quiebra. La empresa que fuera propietaria de todos los terrenos de Puerto Banús y gran parte de Nueva Andalucía y concesionaria además del servicio de agua de Marbella lleva 15 años inmersa en dos procedimientos judiciales, uno penal contra sus gestores, aún en secreto de sumario y a punto de prescribir, y otro civil, por una quiebra multimillonaria declarada fraudulenta por la Audiencia Provincial de Málaga en la que aún se siguen rastreando bienes.
La empresa, propiedad de la familia Banús con Alberto Vidiella como consejero delegado y cabeza visible, tenía entre sus objetivos la venta de los terrenos, aunque lo hizo por un precio irrisorio hasta el punto de llegar a un proceso de despatrimonialización que la llevó a quedarse sin bienes y con una deuda que inicialmente se cifró en 5.500 millones de las antiguas pesetas (unos 35 millones de euros).
La sociedad entró en concurso de acreedores en los años 80 en Navalcarnero pero no fue hasta noviembre de 1993 cuando se declaró oficialmente la quiebra. Desde entonces, el juzgado de Primera Instancia 4 de la ciudad rastrea sin demasiado éxito los bienes de Bansa -acrónimo de Banús Andalucía La Nueva S.A.- entre un complejo entramado societario y una maraña de hasta 50 operaciones de compraventa supuestamente ilegales para satisfacer a sus numerosos acreedores, entre ellos el propio Ayuntamiento de la ciudad, la Agencia Tributaria y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental.
Tras años de investigación, el órgano judicial ha reducido el número de acreedores y las 50 demandas iniciales -algunas de hasta 234 millones de euros- y ha conseguido determinar provisionalmente los créditos. El proceso está en pañales tres lustros después. Durante años los propios síndicos del Ayuntamiento del GIL han obstaculizado su buena marcha. De hecho, dos de ellos fueron destituidos lo que ha generado demandas y contrademandas millonarias.
¿Dónde está el dinero?
Ahora queda fijar la deuda definitiva, establecer su prelación y finalmente proceder a su pago dentro de un orden prioritario. El problema es que no hay bienes con qué pagarles. Entre todos los acreedores reclaman en torno a 29 millones de euros aunque, de momento, la deuda reconocida por los síndicos de la quiebra llega a los 19,9 millones. Pero sólo en minutas de los administradores judiciales, en facturas de los peritos, y en el coste de la celebración de subastas y demás papeleo se supera este pasivo. Mientras en la vía civil los costes de esta larga causa judicial amenazan con superar la propia quiebra, en la penal se instruye un posible alzamiento de bienes que podría archivarse por prescripción del delito antes de llegar a juicio y en el que está imputado, entre otros, José Luis Sierra, durante años abogado de Jesús Gil, condenado a nueve años de prisión por el 'caso Saqueo'. Sierra fue uno de los síndicos que supuestamente entorpecieron la labor judicial. Ahora reclama seis millones de euros en concepto de minutas por el trabajo realizado.
A contrarreloj
El tiempo corre en contra de ambos juzgados -el 4 de Primera Instancia y el 3 de Instrucción- que almacenan miles de folios de uno de los procedimientos judiciales más complejos de la historia de Marbella, muy anterior al 'caso Malaya', pero igualmente heredero de las malas prácticas del gilismo.
La quiebra de Bansa, plantea además, un tercer problema, esta vez para terceros de buena fe que invirtieron sus ahorros en la compra de viviendas en Puerto Banús y Nueva Andalucía y que ahora no tienen documento alguno que demuestre que la vivienda es suya. Viven en un limbo jurídico y administrativo de difícil solución, un problema que afecta a urbanizaciones enteras. Los tribunales podrían estimar algunas de las demandas presentadas contra la cesión de suelo y las licencias de obras e incluso determinar su demolición para que se restablezca la legalidad. Pero al igual que ocurre con otras viviendas irregulares en Marbella, la Justicia está en compás de espera pendiente de la aprobación definitiva del PGOU y aún por determinar si el caso ha prescrito.
