Inculpaciones varias y un ataque frontal a la base de la investigación y al desarrollo de la instrucción. El arsenal podrá contemplarse en su totalidad el próximo año en el macrojuicio del 'caso Malaya', pero los abogados de más de 60 imputados en esta causa ya han dejado ver sus primeras armas durante las vistas de los recursos de apelación contra el auto de procesamiento, celebradas durante las dos últimas semanas en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Las defensas han desvelado buena parte de su línea argumental con objeto de demostrar ante la Audiencia Provincial, si no la inocencia de sus clientes, al menos la ausencia de pruebas en su contra para ser procesados por la supuesta trama de corrupción municipal e inmobiliaria con epicentro en el Ayuntamiento de Marbella. Para ello, algunos no han dudado en señalar con el dedo a los presuntos responsables de las actividades delictivas investigadas en el caso.
Eso sí, las inculpaciones no han sido coincidentes y, aunque el ex asesor urbanístico y principal procesado en la causa, Juan Antonio Roca, ha aglutinado un buen número de acusaciones por parte de las propias defensas, varios abogados han apuntado también hacia otras personas -procesadas o no- en relación con la supuesta autoría de las imputaciones.
Así, el abogado de Roca, que inauguró las vistas sobre los recursos, aseguró que en el Ayuntamiento todo se hacía bajo las órdenes del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido. La defensa del empresario Ismael Pérez Peña señaló que su cliente realizó aportaciones al Consistorio ante la petición, no sólo de Roca, sino también de la ex regidora Marisol Yagüe, mientras que el letrado de Joaquín Martínez Vilanova, ex presidente de la empresa Portillo, señaló que recibió «amenazas y presiones» también de un edil para que pagara a cambio de una concesión.
En el caso de la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, su representante legal destacó que su cliente siempre votó conforme a los dictámenes de los técnicos municipales. Por su parte, el abogado del director financiero de la empresa Aifos, José Andrés García Rull, afirmó que el presidente y otros integrantes del «núcleo duro» de la empresa fueron los que negociaron y entregaron cantidades económicas a Roca.
Siglas y acrónimos
Frente a la variedad de inculpaciones, las defensas coincidieron sin embargo a la hora de arremeter contra la base de la investigación. Especialmente, en lo que se refiere a las anotaciones suscritas por Roca en cuadernos y agendas y a la documentación intervenida en la oficina de Mara Asesores. En definitiva, a las siglas y acrónimos sobre los supuestos cobros y pagos a empresarios y concejales.
En este sentido, la argumentación ha sido extensa, aunque el común denominador es que dichas anotaciones no pueden constituir más que indicios y sospechas, nunca pruebas de la comisión de un delito. Entre otros aspectos, según subrayaron algunas de las defensas, porque pueden reflejar las intenciones por parte de Roca, pero no corroboran que éstas se llegaran a ejecutar.
La opinión del Ministerio Público es antagónica. Para el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, el hallazgo de la contabilidad de la supuesta trama de corrupción supuso una «ganga», pero existen además otras cuestiones que constatan los hechos delictivos recogidos en la investigación, que calificó de «magnífica».
Instrucción «terrorífica»
La mayoría de los abogados de los 62 encausados que recurrieron el primer auto de procesamiento -dictado contra 86 personas, aunque el número de imputados supera ya el centenar- concurrieron también a la hora de criticar el «maremágnum» de la investigación y de censurar el desarrollo de la instrucción, calificada por algunas de las defensas como «terrorífica».
En sus exposiciones, reprocharon la demora en el levantamiento del secreto del sumario y, fundamentalmente, que se llevaran a cabo detenciones «arbitrarias», así como la comparecencia de los procesados ante el juez tras permanecer algunos de ellos 72 horas en los calabozos. A este respecto, destacaron que algunas de las primeras declaraciones en las que imputados reconocieron el pago o el cobro de dádivas tuvieron lugar con el único objeto de eludir la prisión, por lo que en posteriores comparecencias negaron estos hechos.
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