El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso (i), y el presidente del Consejo de Europa, Fredrik Reinfeldt, ofrecen una rueda de prensa durante la segunda jornada de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas (Bélgica), el 30 de octubre de 2009. / Efe
Los líderes de la UE han llegado a un acuerdo sobre la posición que los europeos defenderán en las negociaciones mundiales de Copenhague relativas a la lucha contra el cambio climático, según han informado fuentes comunitarias.
Los Veintisiete se han puesto de acuerdo sobre el problemático capítulo de la ayuda financiera a los países en desarrollo, a fin de apoyarles en sus esfuerzos y adaptaciones a la lucha contra el calentamiento global. "La Unión Europea tiene ya un mandato para Copenhague, una posición fuerte y seguimos liderando" el proceso, ha asegurado el presidente de turno de la UE, el primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt, quien ha añadido que "ahora esperamos que otros nos sigan".
"Podemos decir a todo el mundo que estamos listos para Copenhague. Llevaremos este mensaje a Washington, a Nueva Delhi y a otras capitales", ha indicado por su parte el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, durante la rueda de prensa final de la cumbre comunitaria celebrada ayer y hoy en Bruselas.
Los líderes europeos han reconocido finalmente que las medidas de lucha contra el cambio climático podrían costar a los países en desarrollo alrededor de 100.000 millones de euros anuales en 2020, de los que entre 22.000 y 50.000 millones de euros deberían proceder de la financiación pública internacional. El resto resultaría de la combinación de los esfuerzos de los propios países en desarrollo (mediante financiación pública y privada) y los ingresos del mercado de carbono.
Aportación de cada país
El Consejo Europeo también ha 'tomado nota' de los cálculos de la Comisión Europea según los cuales las naciones en desarrollo necesitarán una financiación anual urgente (2010-2012) de entre 5.000 y 7.000 millones de euros, a la que contribuirán tanto la UE como "aquellos estados miembros que puedan, de acuerdo con su situación económica y financiera, con la parte que les corresponda equitativamente de esos gastos". Reinfeldt ha dejado claro en la rueda de prensa que esta primera ayuda será, pues, una "aportación voluntaria".
La aportación de la UE a la financiación pública internacional no ha sido concretada, pero los Veintisiete sí que han dado pistas sobre la magnitud que podría tener, al señalar que todos los países del mundo -excepto los más pobres- deberán contribuir en función de "su responsabilidad por las emisiones mundiales y de su capacidad de desembolso, atribuyendo un peso considerable a los niveles de emisión". Todas estas cifras sólo han podido ser acordadas a base de concesiones a los países del Este.
Si bien se ha dejado para más adelante la decisión sobre cuánto aportará cada estado miembro a la financiación que la UE conceda a las naciones en desarrollo, algo que los socios de Europa oriental insistían en aclarar antes de cerrar una posición europea, los occidentales tuvieron que ceder en otros aspectos. En concreto, los 27 han aceptado dejar la puerta abierta a la utilización de los derechos de emisión que estableció el Protocolo de Kyoto una vez expire este acuerdo a finales de 2012, una opción que reportará importantes ingresos a las economías más modestas del bloque -ya que pueden vender los créditos que no hayan utilizado antes de esa fecha a otros estados miembros.
Según el texto de conclusiones de este Consejo Europeo, la transferencia de derechos de emisión "deberá abordarse de manera no discriminatoria, a fin de que no afecte a la integridad medioambiental del acuerdo de Copenhague", lo que significa que la opción no queda descartada por completo como pedía, entre otros, Alemania. A cambio de esta concesión, los países del Este han aceptado no sólo que se posponga el debate sobre cuánto debe aportar cada estado miembro a las ayudas a los países en desarrollo, sino que el mecanismo que se aplique dentro de la UE esté basado en el que se acuerde a escala internacional -que con toda probabilidad tendrá en cuenta el PIB y la responsabilidad por las emisiones en cada país.
