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Manuel Carrillo Martín, noveno arrestado en la operación 'Pretoria'
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Manuel Carrillo Martín, noveno arrestado en la operación 'Pretoria'

El PSC promete actuar «con contundencia» y suspenderá de militancia a todos los afiliados que estén imputados en el caso de corrupción urbanística destapado

AGENCIAS |

Miércoles, 28 de octubre 2009, 17:32

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La operación anticorrupción urbanística 'Pretoria' suma hoy un nuevo detenido -el noveno- tras el arresto en Madrid de Manuel Carrillo Martín, consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa a la que se le adjudicó la limpieza de un hospital en Santa Coloma de Gramenet. En la localidad catalana se han producido el mayor número de detenciones y registros de la actuación policial que comenzó ayer y que implicaba a altos cargos de de CiU en los gobiernos de Pujol y responsables socialistas catalanes.

Horas antes, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha reiterado que el PSC "reaccionará con toda la contundencia a su alcance" contra los militantes imputados por corrupción para "separar las manzanas podridas", y ha negado "rotundamente" que este caso esté relacionado con la financiación del partido.

El PSC, a través de su secretario de Organización, José Zaragoza, aseguró ayer que suspenderá de militancia a todos sus afiliados que estén imputados en el caso de corrupción urbanística destapado, incluido el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz.

"La pertenencia al PSC es incompatible con actuaciones irregulares o corruptas", ha reiterado Iceta en declaraciones a Catalunya Ràdio. Pese a admitir que "algunos han considerado este pronunciamiento como muy fuerte", ha justificado la posición del PSC en el intento de "conservar la confianza en la política y sus instituciones".

El dirigente ha reconocido que aunque la vicepresidenta del PSC y ex alcaldesa de Santa Coloma, Manuela De Madre, "está muy afectada, estuvo de acuerdo con las medidas hechas públicas ayer", y ha asegurado que "ella no sabía nada" de la trama de corrupción, que ocurrió "posteriormente" a su etapa como alcaldesa.

Reincidencia de Luis García

Iceta se ha referido también al ex diputado del PSC Luis García, uno de los detenidos, que ya estuvo acusado de estafa a finales de los noventa por el caso AGT, junto a otra decena de imputados, entre ellos cargos municipales, si bien su caso acabó archivado. Según ha explicado, García fue separado del partido "hace mucho tiempo", cuando el PSC detectó que "esgrimía" su antiguo cargo para beneficiarse en sus negocios personales. En todo caso, ha señalado que el PSC "no tenía constancia que siguiera haciendo este tipo de actividades, y menos con conexión con cargos electos socialistas".

En declaraciones posteriores a la cadena Ser, Iceta ha subrayado también que la trama de corrupción destapada "rotundamente" no tiene ningún tipo de conexión con la financiación del PSC y ha reconocido que desconoce si podrá afectar a otros municipios: "No nos constan otras cosas". "Entiendo totalmente la indignación de la gente, porque existe una cierta idea de que todos los políticos son iguales, y esto tiende a dar verosimilitud a esa idea", ha lamentado Iceta, por lo que ha dicho a CiU que "la gente lo último que quiere es que los partidos nos lancemos los platos a la cabeza".

Siete años

La operación Pretoria hunde sus raíces en una investigación iniciada por Baltasar Garzón en 2002 sobre el BBV y sus oficinas en las Islas Jersey. Durante la instrucción de esa causa (operación Petra), en 2005 aparecieron los nombres de varios despachos de abogados barceloneses supuestamente relacionados con el envío de dinero para el blanqueo a ese paraíso británico del Canal de la Mancha. Y también salieron a la luz a partir de 2007 las identidades de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Los nombres de ambos figuraban supuestamente relacionados con el envío de millonarias cantidades a Jersey con el fin de opacar ese dinero que procedería de un pelotazo urbanístico en Santa Coloma, en un solar que actualmente ocupa un centro comercial. Aquellos terrenos fueron subastados al principio de la década. Los compradores lo revendieron a un precio muy superior posteriormente antes de comenzar a edificar.

Luego, tras la construcción de los locales comerciales y un hotel, de nuevo esas propiedades cambiaron de mano, dejando tras de sí, según el sumario, un reguero de millones y comisiones que salpican a los otros siete detenidos y a una veintena más de sospechosos, cuyo papel en la trama Garzón y la UCO esperan aclarar con los documentos encontrados hoy en los registros, sobre todo en lo de las sedes de las firmas municipales de promoción empresarial y urbanismo y Grameimpuls y Gramepark. Esta última, objetivo prioritario de la Guardia Civil, es la sociedad que gestiona desde hace 20 años la promoción de viviendas de protección oficial y la construcción de viviendas municipales y aparcamientos en Santa Coloma.

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