No es la primera vez que defiende a cargos públicos y funcionarios de la provincia por delitos urbanísticos. En el caso del alcalde de Almogía, el abogado José Carlos Aguilera sostiene que se trata de irregularidades, que en su opinión, no pasan de la mera infracción. Asegura que éstas se repiten casi en el 100% de los municipios de la provincia, por lo que casi todos los alcaldes podrían acabar imputados. Aguilera aboga por un cambio de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), «hecha a espaldas de la realidad social» y considera que la dimisión de un cargo público por una imputación va contra el principio de presunción de inocencia.
Sorprendió la rapidez con la que el alcalde de Almogía anunció su dimisión si resultaba imputado. Ahora lo está y aplaza esa decisión. ¿Hubo precipitación o presiones?
La posición del alcalde en ese momento era la línea del PSOE, de expulsiones provisionales y renuncias al acta ante casos donde hay intervención de la Guardia Civil y tienen una proyección mediática. La dimisión de un cargo público por una imputación es peligrosa para el sistema democrático, cuando no ha existido ni juicio, ni condena. Va contra el principio de presunción de inocencia y se dirige hacia el de presunción de culpabilidad. Yo creo que algunos políticos tendrían que volver a la escuela a estudiar Educación para la Ciudadanía y para escribir en la pizarra cien veces «presunción de inocencia».
¿Entonces las directrices del PSOE en esos casos no están siendo democráticas?
Son absolutamente antidemocráticas. Cualquier partido que exija una dimisión en esa primera fase de imputación está atacando a los principios del Estado de Derecho. Claro que hay excepciones como cuando se ordena, por ejemplo, la prisión preventiva de un alcalde. No se puede presidir los plenos por videoconferencia desde la cárcel.
¿Si finalmente resulta acusado por el fiscal, Cristóbal Torreblanca acabará la cuarentena que se ha tomado para abandonar el cargo?
Si resulta formalmente acusado, yo creo que se planteará dimitir.
Se le imputa prevaricación urbanística, ¿pero de qué estamos hablando exactamente en Almogía?
Los hechos por ahora son presuntos delitos, si después resulta que lo son habrá que identificar a los autores. Dentro de que estamos bajo el secreto de sumario, sólo puedo decir que la Guardia Civil ha hecho un buen trabajo, tiene abundante documentación, pero eso no significa que yo comparta las conclusiones a las que ha llegado. No todas las infracciones urbanísticas son delito. Las licencias objeto de investigación se dieron con los informes técnicos y jurídicos favorables. Si el alcalde hace lo contrario, es decir, no concederlas, podría prevaricar.
¿Y del cargo de falsedad?
Es absolutamente inconsistente.
Parece que resta importancia a las presuntas irregularidades.
Las mismas irregularidades de Almogía las hay en el 99% de la provincia, eso significa que a poco que avance la investigación del Seprona de la Guardia Civil todos los alcaldes de la provincia, salvo raras excepciones, pueden acabar imputados. No es una exageración. En unos casos, las intervenciones tendrán trascendencia, en otros no. ¿Es que todos los alcaldes se han vuelto corruptos?
Algunos, como los de la Axarquía, reclaman soluciones fuera de la vía penal.
El problema está en la LOUA, que ha regulado la construcción en el campo a espaldas de la realidad social. Es urgente su reforma.
