La Guardia Civil llamará a declarar al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Otros concejales también podrían ser citados como imputados por estos mismos motivos, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación.
Los cargos que se le imputarían al primer regidor serían el de presunto tráfico de influencias con familiares y amigos para que se pudiesen construir las casas ilegales, prevaricación por realizar acciones aun a sabiendas de que nos son legales, y delito urbanístico. Todo parece indicar que Torreblanca será llamado a declarar en el transcurso de esta semana, o a lo sumo, a principios de la próxima, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso que ha sido bautizado con el nombre de 'Almexia' porque es Almogía en árabe.
Las quince denuncias del Seprona sobre construcciones ilegales que, al parecer, el Ayuntamiento de Almogía no quiso tramitar o no lo hizo debidamente, están en el origen de las investigaciones de este ayuntamiento, así como de su alcalde y otros concejales y funcionarios. Tal y como adelantó ayer este periódico, al menos una veintena de personas serán imputadas en este caso por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, entre otros cargos, entre ellas los promotores de las presuntas casas irregulares.
Se muestra tranquilo
El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, manifestó ayer no tener conocimiento de ninguna citación para prestar declaración ante la Guardia Civil y dijo mostrarse tranquilo, al mismo tiempo que señaló que los registros en el Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura efectuados anteayer se hicieron de forma muy correcta. «Estuvimos colaborando y no hubo ningún incidente», afirmó. Además, Torreblanca se reiteró ayer en que si, como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciará al cargo, en el que lleva 26 años, así como al acta de concejal, y que presentará asimismo la «baja automática» del partido, decisión que ha comunicado a la dirección del PSOE malagueño.
Eran las ocho de la mañana de ayer cuando una patrulla de la Guardia Civil llegaba a Almogía. El sobresalto entre los vecinos se volvió a hacer patente cuando los agentes se llevaron como detenido a un policía local del municipio. El policía estuvo declarando como imputado hasta la una de la tarde de ayer, momento en el que quedó en libertad con cargos. Según fuentes cercanas al caso, al agente de la Policía Local de Almogía se le imputan los cargos de tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, delito urbanístico y prevaricación.
La ronda de declaraciones siguió por la tarde con la citación de una funcionaria municipal del área de Urbanismo, que también fue puesta en libertad con los cargos de prevaricación y delito urbanístico. Ambas declaraciones fueron dirigidas a esclarecer los presuntos tratos de favor a familiares y amigos del primer regidor y de otros concejales. «Las declaraciones han sido sumamente esclarecedoras», según manifestaron a SUR fuentes cercanas a la investigación del caso.
En principio estaba previsto que iban a declarar una veintena de imputados en el caso, entre ellos el alcalde, que sí va a ser citado, así como concejales, funcionarios municipales, los promotores de las casas e incluso los arquitectos que las han planificado en algunos casos, pero las manifestaciones de los imputados llamados ayer fueron tan significativas que, seguramente, se simplificará mucho este proceso que está llevando a cabo el Seprona de la Guardia Civil antes de elevar la causa al juzgado.
Peinar los pueblos
La investigación se inició de oficio cuando el Seprona decidió peinar todos los pueblos de la provincia en julio para ver cómo se cursaban en los municipios las denuncias efectuadas por el Instituto Armado en relación a construcciones ilegales. En el caso de Almogía, parece ser que llamó enormemente la atención que quince, en concreto, estuvieran paralizadas. La Guardia Civil ha hecho uso del sistema de ortofotos de la Diputación para constatar que las casas no estaban allí hace un determinado número de años. La forma de legalizarlas o de legalizarlas a medias, al parecer, pasaba por la licencia de obras de la tradicional casa de aperos o a través de certificados falsos de antigüedad de las viviendas.
