La ex edil de Marbella que admitió pagos de Roca se desdice ahora

Donde dije digo, digo Diego. La ex edil del GIL Carmen Revilla que reconoció ante el juez del 'caso Malaya' haber recibido un sobre con dinero de Juan Antonio Roca lo niega ahora. Ayer, ante el tribunal que resolverá el recurso contra su procesamiento, su abogado defensor, Juan Carlos Rivera, aseguró que esa inicial declaración de Revilla fue por «miedo» y que la hizo para no ir a la cárcel. De hecho, el magistrado la dejó en libertad tras pagar una fianza de 30.000 euros.

Juan Carlos Rivera dijo que durante las detenciones dictadas por el juez Miguel Ángel Torres se produjo un estado de «psicosis» entre los arrestados. Carmen Revilla, que fue teniente de alcalde en San Pedro de Alcántara y delegada del Área de la Mujer en el Ayuntamiento de Marbella, declaró el 28 de junio de 2006 que recibió 240.000 euros de Juan Antonio Roca, en sobres que le entregaba bien el propio ex asesor de Urbanismo en la sede de Planeamiento, bien la alcaldesa, Marisol Yagüe, en su despacho en el Ayuntamiento, y que creía que los demás compañeros del equipo de gobierno también recibían sobres, aunque desconocía las cantidades.

Juan Carlos Rivera explicó ayer que durante las detenciones dictadas por el juez Miguel Ángel Torres se produjo un estado de «psicosis» entre los arrestados, uno de cuyos «exponentes máximos» fue Francisco García Lebrón, representante de la promotora Aifos, que «primero negó el pago y, ya encontrándose a la espera de ser conducido a prisión, decidió cambiar su declaración, tras lo cual el juez lo puso en libertad bajo fianza». El letrado recordó que, posteriormente, en la declaración indagatoria celebrada el 18 de febrero de 2008, casi dos años después de su detención, Carmen Revilla rectificó ante el nuevo instructor, el juez Óscar Pérez, al que negó haber recibido de Roca y reconoció que inicialmente declaró lo contrario para no ir a prisión y por las condiciones en las que se encontraba durante su arresto en los calabozos. «Mi representada no ha reconocido el pago de dinero por resolver decisiones favorables a empresas. La única realidad es que recibió un préstamo de Roca. Él mismo lo reconoce. También José Antonio Jaén y Rafael Calleja (ex concejales) admiten que se rumoreaba que Revilla había recibido un préstamo. Pero eso no es un delito», aclaró. Sobre el patrimonio de Revilla, el letrado dijo que la propia policía reconoce que era una familia con disponibilidad y recursos económicos medios.

«Instrucción inquisitorial»

«Ha sido una instrucción inquisitorial, con un instructor (en referencia al juez Miguel Ángel Torres) erigido en acusador». Con estas críticas, Antonio Herrera, defensor del ex edil socialista José Antonio Jaén quiso poner de manifiesto que la instrucción del 'caso Malaya' se desarrolló «sin que los procesados pudieran defenderse». Así enumeró lo que, en su opinión, fueron actuaciones judiciales que vulneraron derechos fundamentales, entre las que destacó el «abuso» del secreto sumarial y la «falta de concreción» del auto de procesamiento, del que dijo que los letrados «debemos hacer un derroche de imaginación para hallar indicios de criminalidad en los hechos que se imputan».