El paro sigue reclutando víctimas a sus filas y las familias, temerosas de un brusco descenso de los ingresos a medio plazo, cada vez consumen menos. Esta misma semana se ha conocido que la tasa de ahorro de los hogares se sitúa ya en el 17,5% de su renta disponible, una proporción desconocida desde hace, al menos, cinco décadas. Con este telón de fondo no es de extrañar que los usuarios estén avivando la lucha entre compañías de telecomunicaciones dispuestos a cazar la mejor oferta. ¿pero a qué precio?
Ante la avalancha de promociones, las organizaciones que velan por el derecho de los consumidores han lanzado la voz de alarma: no es oro todo lo que reluce y, detrás de los grandes titulares que venden terminales gratis de última generación o paquetes de llamadas o de conexión a Internet a precios nunca vistos se esconden cláusulas de permanencia y condicionantes que conviene analizar prestando especial atención a la denominada letra pequeña.
Se disparan las quejas
Alejandro Perales, de la Asociación de Usuario de Comunicación, advierte de que en los últimos meses se han disparado las quejas asociadas a publicidad confusa o a costes determinados de servicios telefónicos. ¿El motivo? En muchos de estos casos, las exigencias de permanencia que llevan aparejadas las ofertas: «Hay que tener cuidado porque detrás de las promociones de llamadas gratis, consumos mínimos o de regalo de móviles hay condiciones duras que buscan enganchar al usuario a la operadora hasta prácticamente hacerle prisionero. Por ello insistimos en que se debe leer hasta la última letra del contrato», avisa este experto.
Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, insta a comparar muy bien las distintas ofertas y analizar hasta qué punto se adaptan al tipo de consumo que se va a realizar por parte del cliente. «Nuestro consejo es que se tenga paciencia y se estudien los requisitos al milímetro para no tener sorpresas», apostilla.
Las campañas que captan a usuarios de la competencia a cambio de nuevos teléfonos suelen tener como contrapartida la permanencia en la compañía. Las asociaciones de consumidores recuerdan que es posible acabar con esos contratos si las condiciones de contratación del producto cambian o o si el cliente abona al operador el dinero correspondiente a la subvención.
