Reactivar la economía del municipio y crear empleo. Este es el objetivo del plan de choque propuesto por el grupo popular en la oposición al gobierno que dirige la socialista Salomé Arroyo. Lo que el PP pretende es que ahora que la concejalía de Hacienda ha iniciado la elaboración del presupuesto municipal para 2010, el tripartito tenga en cuenta las propuestas de la formación popular para superar la crisis.
«Queremos desde el PP, atendiendo a las posibilidades existentes en nuestro ayuntamiento, favorecer la adopción de medidas reales para su inclusión en el presupuesto municipal de 2010 que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía, las empresas locales y sin que la factura la paguen los ciudadanos, promoviendo también un plan real de austeridad municipal», asegura el PP en un comunicado.
Medidas
Los populares proponen entre otras medidas no incrementar las tasas e impuestos municipales que afecten a las familias y empresas del municipio en 2010, aprobar un plan de acciones fiscales contra la crisis que incluya nuevas exenciones y bonificaciones para las empresas y familias, establecer un plan de pagos a los proveedores del consistorio, a la vez que dotar una partida económica en el presupuesto de apoyo a emprendedores y autónomos.
Asimismo, defienden establecer en los contratos de obras y suministros municipales criterios que favorezcan a la economía local, en especial al sector de la cerámica artesanal veleña, y desarrollar un plan de contención del gasto público. En este sentido, piden la constitución de una Comisión de Control del Gasto Público con representantes de los grupos políticos, a la vez que consideran necesario crear una central de compras.
El PP solicita asimismo que, siempre que sea posible, se evite la remisión de documentación en papel, dando preferencia al uso del correo electrónico; potenciar las inspecciones fiscales para que ningún moroso incumpla con sus obligaciones, solicitar a las administraciones competentes un plan para luchar contra la economía sumergida, aplicar medidas de control del consumo energético en las instalaciones municipales, y mejorar la eficacia en la captación de recursos de otras administraciones públicas (Unión Europea, Gobierno y Junta de Andalucía).
Por último, también plantean reducir un 10% el sueldo de los cargos públicos, incluida la alcaldesa, y del personal de confianza, a la vez que rebajar en el mismo porcentajes las indemnizaciones por asistencias de los ediles a plenos, junta de gobierno y comisiones.