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La Guardia Civil reservó el lunes sesenta plazas para jueces. / SALVADOR SALAS
El CGPJ desautoriza a los jueces de Málaga y les niega los privilegios en el 'parking'
MÁLAGA

El CGPJ desautoriza a los jueces de Málaga y les niega los privilegios en el 'parking'

El organismo le da la razón a la Junta y deja sin efecto los acuerdos entre el decano y el presidente de la Audiencia Provincial al considerar que exceden sus competencias Los magistrados acatan la resolución y esperan una regulación definitiva de las plazas

ALMUDENA NOGUÉS

Miércoles, 7 de octubre 2009, 03:39

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Jaque mate. Al menos de momento. Tras la polémica estampa vivida en el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia en la mañana del lunes -cuando la Guardia Civil, acatando el dictamen de los jueces, reservó 60 plazas para este colectivo-, la Junta de Andalucía movió ficha y dio órdenes de cerrar el recinto. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remató la jugada con un nuevo pronunciamiento que niega cualquier tipo de privilegios a los magistrados y, por ende, se posiciona a favor de la que hasta ahora ha sido la postura inamovible de la administración andaluza.

La comisión permanente del citado organismo decidió «dejar sin efecto» los acuerdos adoptados el pasado 8 de julio por el presidente de la Audiencia de Málaga y el juez decano de la ciudad, por los que se limitaba el uso de las plazas del 'parking'. Esta resolución echa por tierra el que hasta el momento había sido el principal argumento en el que han basado sus reivindicaciones los magistrados. El CGPJ argumenta que dichos acuerdos, «en los términos que figuran redactados y llevados a ejecución no se ajustan a la legalidad» al exceder las competencias sobre el uso de edificios judiciales reconocidas en el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales.

El Consejo añade que el caso no corresponde a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El aviso de la consejera

El anuncio del CGPJ se produce sólo un día después de que la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, volviese a mostrar sus cartas dejando claro en una entrevista a SUR que la Junta pelearía «con uñas y dientes» por lo que es la autonomía de Andalucía: «el derecho a la autonomía y la independencia de todos los andaluces en lo que respecta a las competencias que tenemos adquiridas constitucionalmente», aseveró. Al respecto, la titular del ramo recordó que su Gobierno tiene un protocolo aprobado desde 2008 que regula los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia. «Lleva funcionando desde entonces con toda normalidad y, efectivamente, dice que se aparca por orden de llegada. Desde la Junta vamos a defender que todos los trabajadores tienen el mismo derecho a tener seguridad y plaza de estacionamiento, sea cual sea su función dentro de la Administración de Justicia. Por lo tanto, ésta es nuestra postura: mantener el protocolo», recalcó.

Ayer, y tras el episodio del lunes, el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia reabrió sus puertas aplicando el protocolo al que se refiere la consejera (esto es, sin plazas reservadas, ocupándose éstas por estricto orden de llegada), como se ha venido haciendo desde que el recinto abrió sus puertas en 2007. Desde entonces, los magistrados mantienen un pulso con la administración. Alegando «motivos de seguridad», el colectivo exige que se les reserven en exclusiva las 166 plazas de este espacio.

El dictamen del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, frustra de momento sus aspiraciones. Así, señala que la resolución de dicha cuestión «debe corresponder a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -que se reúne el próximo martes- y, en su caso, a la comisión mixta». Pese a este cambio de tornas, el juez decano, José María Páez, lo tachó ayer de «positivo», al considerar que la decisión del CGPJ implica que el asunto se traslade a la citada comisión mixta, en la que ellos tienen voz. «Acataremos la decisión, la cual es positiva en la medida en que nos dará la oportunidad de intervenir junto a la Junta en el establecimiento de una normativa definitiva que regule el 'parking', como llevamos pidiendo desde hace dos años», expuso Páez.

Comisión mixta

Preguntado por cuál será la ordenación que pedirán, llegado el momento, en la comisión, el juez decano no cede y remarca su postura: «Defenderemos el planteamiento más ajustado a nuestras reivindicaciones en materia de seguridad», apuntó, al tiempo que aseguró que el dictamen del Consejo contradice el emitido mediante acuerdo con fecha de 19 de julio de 2007. En este sentido, alegó que dicha resolución analiza la cuestión del uso y distribución de los aparcamientos de los edificios judiciales en el ámbito de las competencias del juez decano, «ratificando la legalidad de los acuerdos de éste sobre el reparto de las plazas», apostilló.

Por su parte, los representantes de los funcionarios acogieron la decisión del Consejo con gran entusiasmo. El responsable del SPJ-USO, Adriano Moreno, destacó que el acuerdo pone «una nota de cordura» al conflicto que mantienen desde hace meses con los jueces. «Lo que querían hacer era un atropello que rozaba el límite de lo tolerable. Nos alegramos inmensamente de que el órgano de Gobierno de los jueces nos haya dado la razón en lo que hemos mantenido siempre, ya que se habían invadido competencias que de ninguna forma corresponden al poder judicial», dijo.

El Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ) también mostró su satisfacción por lo acordado al considerar que con la medida «se protegen los derechos de todos los empleados que prestamos servicio en la Ciudad de la Justicia». «Así se pone fin a una situación en la que se ambicionaba, so pretexto de una interpretación subjetiva de la ley, imponer criterios clasistas por encima de la igualdad y dignidad de los trabajadores».

Anulados los acuerdos entre el juez decano y la Audiencia, los sindicatos confían en que la denuncia presentada por una magistrada contra un agente de la Guardia Civil tras no dejarla pasar para aparcar «debe quedar sobreseída por carecer de fundamento jurídico».

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