La Fiscalía reclama a Garzón que archive el chivatazo a los 'recaudadores' de ETA

La Fiscalía reclamó el jueves al juez Baltasar Garzón que archive «provisionalmente» la causa del chivatazo a ETA por falta de autor conocido. Alega que, tras más de tres años de investigaciones, no hay pruebas que demuestren de «forma inexorable» la hipótesis de los investigadores de que el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, estuvo detrás de la filtración que en mayo 2006 alertó a la red de extorsión de la banda terrorista en Irún de que la Policía estaba a punto de desencadenar una gran redada.

El Ministerio Público exculpa a García Hidalgo y a los dos mandos a los que, según los informes policiales, el ex director supuestamente encomendó la misión de ponerse en contacto con el jefe de la red de extorsión, Joseba Elosúa, para darle el chivatazo telefónico: el jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava. Para la Fiscalía, el interrogatorio de estos tres imputados y el barrido de las llamadas telefónicas de la zona de Irún aquel 4 de mayo sólo sirven para formular una «hipótesis incriminatoria», pero estas pruebas no tienen firmeza suficiente como «para sustentar una tesis acusatoria» contra los tres.

La Fiscalía insiste en cerrar el caso, ya que todas las diligencias realizadas han terminado en vía muerta. Ni siquiera las ruedas de reconocimiento han servido para que Elosúa identificara a la persona que le entregó un móvil, al que minutos después un individuo llamó para facilitarle detalles muy precisos sobre la operación en ciernes.

Finalmente, esa redada, ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto en aquel momento de Garzón, no se produjo hasta el 20 de junio. El operativo se saldó con 18 detenidos en España y Francia, entre ellos el propio Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red.

Grande-Marlaska abrió una pieza separada para investigar la filtración después de que la Policía escuchara una conversación de Elosúa en la que desvelaba que un desconocido le había alertado de la inminente operación «para no fastidiar todo el proceso» (de paz). El chivatazo se produjo mes y medio después de que ETA declarase la tregua de 2006.

Garzón aceptó el domingo alzar de forma parcial el secreto de este sumario sobre la filtración pero ocultando los datos sobre policías y políticos. El juez ha dado un plazo de diez días a las partes para sus alegaciones. Transcurrido ese tiempo, decidirá si da el carpetazo definitivo al caso.

Tras conocer la petición de la Fiscalía, el PP pidió la comparecencia urgente en la Comisión de Justicia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El portavoz de Justicia popular, Federico Trillo, calificó de «inadmisible» e «intolerable» la reclamación de archivo y advirtió de que la decisión del Ministerio Público «puede afectar al Pacto Antiterrorista». Trillo se puso ayer en contacto con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que afeó que el Ejecutivo «no utilice todos los resortes del Estado de Derecho contra el terrorismo» como reza el pacto por las libertades.