Las arcas municipales se ahorrarán 2,2 millones después de que ayer se aprobara definitivamente el expediente de prescripción de una serie de facturas de personas físicas y jurídicas que no han sido reclamadas en los últimos cuatro años. Se trata de obligaciones pendientes de pago que el Ayuntamiento venía arrastrando desde el periodo 1989-2002 y que, una vez transcurridos esos cuatro años, pueden ser canceladas.
Aunque en un principio la previsión del departamento de Economía y Hacienda era la de cancelar deudas por valor de 3,5 millones -según el informe llevado al Pleno el pasado 20 de julio-, tras el periodo de exposición pública se ha estimado parcialmente la alegación presentada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, en la que solicitaba al Ayuntamiento de Fuengirola el pago de 1,3 millones derivados de conceptos como el canon de basuras o las cuotas fijas que debe abonar el municipio. Peor suerte han corrido los firmantes de otras cuatro alegaciones, que han sido desestimadas.
La propuesta salió adelante con la abstención del PSOE y el rechazo del PA. Los dos grupos municipales en la oposición lamentaron que el Ayuntamiento no haya notificado a los acreedores la inminente prescripción de estas facturas, a la vez que echaron en falta un mayor control a la hora de establecer un orden de pago. «Es preocupante que una institución deba dinero desde tanto tiempo y decida no pagar, por mucho que la ley se lo permita, pero lo que resulta vergonzoso es que en estos cuatro años no se hayan enviado escritos a los afectados», afirmó la portavoz socialista, Rocío Suárez.
Desconocimiento
Igual de tajante se mostró el andalucista Cristóbal González, al considerar que esta decisión supone «apropiarse del dinero de los ciudadanos aprovechando su ignorancia». «Órganos como la Mancomunidad tienen medios para controlar estas cosas, pero ¿cuántos ciudadanos de a pie a los que se les debe dinero saben que una deuda prescribe si no se reclama en cuatro años?». se preguntó.
Unas críticas a las que respondió la concejala de Hacienda, Justina Martín, agarrándose a la premura con la que, según apuntó, había que realizar el expediente. «Esas notificaciones personalizadas no siempre se pueden hacer porque son deudas de hace diez años; con un poco más de tiempo habríamos intentado localizar a los afectados, pero el decreto del Gobierno es de abril y en dos meses no da tiempo», explicó la edil, quien aseguró que para afrontar los pagos pendientes se siguen «criterios objetivos y se intentan saldar los más antiguos».
