Cospedal se reafirma en la denuncia pero evita desvelar «nombres y apellidos»

El supuesto espionaje a miembros del PP sigue coleando. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha reafirmado en su denuncia sobre las escuchas ilegales a dirigentes de su partido dentro de la, según ella, campaña de acoso contra el principal partido de la oposición, aunque ha eludido dar los nombres de las personas espiadas. Esta era la demanda del PSOE, conocer los nombres de los que el PP cree que han sido espiados con el objetivo de aclarar el cruce de acusaciones.

Cospedal ha aprovechado su comparecencia tras la reunión del Comité de Dirección del PP para insistir en las denuncias en las que acusaba al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para "perseguir a la oposición".

Sobre la existencia de pruebas a este respecto, ha señalado que hay "muchas conversaciones que han sido publicadas en los medios de comunicación que, con echarles un vistazo -ha dicho-, sería suficiente". Ha subrayado que en cualquier país democrático si la oposición dijera que está siendo espiada "lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación", en lugar de dedicarse a "insultarla".

No descarta acudir a la UE

Ha proseguido que el PP seguirá con este asunto en el Parlamento, donde ha pedido la comparecencia de De la Vega por "las instrucciones que da" al Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, cuya comparecencia también ha solicitado, junto con la del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique "las filtraciones de conversaciones telefónicas". A partir de ahí, ha añadido, las acciones judiciales que el PP tenía que emprender ya se han puesto en marcha.

La número dos del PP ha insistido en que su formación no descarta acudir a las instituciones europeas, tanto de los tribunales como del parlamento de la UE, porque quieren "llegar hasta el final". "Hay una denuncia presentada y vamos a seguir tanto en sede parlamentaria como a la espera de los resultados de esa denuncia", ha explicado Cospedal, antes de añadir que el asunto todavía tiene "mucho recorrido". Preguntada de nuevo sobre si tiene pruebas de los hechos denunciados, Cospedal ha respondido que "el que quiera entender de pruebas, con leer y escuchar algunos medios de comunicación son suficientes".

En cuanto a las declaraciones del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en las que acusaba al PP de intentar amedrentar a los jueces, policías y fiscales, Cospedal ha respondido: "la única prueba evidente de intento de presión a la Justicia viene por parte del Gobierno". "Que yo recuerde, hemos visto todos los españoles a la vicepresidenta primera echarle una bronca a la presidenta del Constitucional en público por no tomar decisiones tal y como al Gobierno le interesa, y la hemos visto también diciendo lo que tiene que hacer a la Fiscalía", ha señalado. Ante ello, ha opinado que el Ejecutivo está "muy poco legitimado" para decir que el PP intenta presionar a la justicia, a la vez que ha subrayado que su partido nunca lo ha hecho ni lo va hacer.

En respuesta a Chaves

Esta respuesta llega después de que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha retado a la cúpula del PP a que dé nombres y apellidos de los dirigentes del partido espiados ilegalmente por "jueces, policías y fiscales" porque, de no hacerlo, "quedarán como los grandes mentirosos de la política española".

En una entrevista en RNE, Chaves ha considerado que el PP en "su manual de actuación política" tiene dos objetivos: "tapar y amedrentar". En este sentido, ha explicado que los 'populares' tratan de "tapar los casos de corrupción, como el 'caso Gürtel', que está minando toda la estructura del partido, desde abajo hasta arriba" y, además, intentan "amedrentar" a jueces, fiscales y policías "con el único objetivo de lograr impunidad para los miembros del PP que presuntamente están implicados en la trama del 'caso Gürtel' y en otras tramas de corrupción".

Chaves también ha acusado al Partido Popular de cometer una "grave irresponsabilidad" al poner en cuestión el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado y decir, incluso, que España es una dictadura. En este sentido, el también ministro de Política Territorial se ha dirigido a los populares para explicarles que la diferencia entre una dictadura y una democracia es que "en una democracia los amigos de los poderosos van a la cárcel, como el señor Correa, amigo del señor Aznar y del señor Arenas, mientras que en una dictadura se hubiera salvado de ir a prisión"