12.08.09 -
DESDE el primer momento en que este equipo tomó posesión del gobierno del Ayuntamiento de Marbella hace ahora dos años, sabíamos que una de las grandes cuestiones que tendríamos que gestionar era la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, que pusiera fin a tanto tiempo de caos, inseguridad y arbitrariedad en el urbanismo.
El punto de partida era además especialmente complicado, por cuanto nos enfrentábamos a una realidad urbanística que en nada tenía que ver con la legalidad vigente y una trayectoria administrativa plagada de errores, despropósitos y confusión. Baste recordar que el Plan vigente de 1986 no se publicó hasta 2000, lo que ocasionó que algunos tribunales consideraran ilegal tal documento y retrotrajeran la legalidad urbanística al Plan de 1968. Y entre tanto, el plan de GIL del 98, aprobado parcialmente por la Junta y suspendido hasta la presentación de un texto refundido, que no fue uno sino varios y que supuso un tira y afloja entre ayuntamiento y administración autonómica que no culminó hasta 2006, cuando se le retiraron los competencias urbanísticas al Consistorio.
El escenario descrito ha traído aparejado infinidad de procesos judiciales, sentencias y recursos, órdenes de paralización y de derribo, edificios ilegales, comercios sin licencia de apertura, viviendas sin licencia de primera ocupación y, en definitiva, una ciudad bloqueada, sin posibilidad de crecimiento, desarrollo e inversión.
Con todo lo anterior, cuando se devolvieron las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella con un Plan General en fase de redacción, el objetivo de este equipo de gobierno era claro: de un lado realizar un documento de futuro que diseñara el desarrollo racional, equilibrado y ordenado de la ciudad y de otro, normalizar una situación heredada, de la que este gobierno no era en absoluto responsable, pero que generaba una enorme inseguridad jurídica y urbanística, y que además afectaba directamente a miles de compradores que adquirieron su vivienda de buena fe, que se hipotecaron, que pagaron sus impuestos, y que, entendíamos, no podían ser las víctimas de los desmanes del pasado.
El documento del Plan de Ordenación Urbana que el Pleno ha aprobado el 29 de julio, supone en este sentido un paso importantísimo respeto a la aprobación inicial, en tanto que se libera a propietarios de viviendas de pagar las compensaciones inherentes al proceso de normalización. Y supone además una gran oportunidad para la ciudad porque se dotará al municipio de los equipamientos e infraestructuras que necesita.
Pero ha sido un camino complicado; dos años de trabajo incansable y negociación para lograr un texto que además, entendíamos debía contar con participación social, para lo que impulsamos dos exposiciones públicas e incorporamos el 76 por ciento del total de las alegaciones que en todo este proceso recibió. Un documento que ha contado también con los informes favorables preceptivos como el del servicio jurídico de urbanismo, de la unidad técnica de infraestructuras, del secretario de la corporación, del interventor municipal. y todos ellos como piezas claves que encajan en este puzzle del que saldrá un marco urbanístico de estabilidad y seguridad para la ciudad.
Por otra parte, no podíamos obviar que el crecimiento de Marbella tenía que dirigirse a un objetivo irrenunciable, cual era continuar siendo referente de calidad de vida y excelencia. Por eso, el Plan ha establecido unos parámetros generales de ordenación generosos para la ciudad, con una ratio de espacios libres de 27,67 metros cuadrados por habitante, lo que multiplica por cinco el estándar mínimo que determina la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que lo fija en 5 metros cuadrados por habitante, una ratio de equipamientos de 12,02 metros cuadrados por habitante, o una apuesta decidida por la vivienda protegida, con un 60 por ciento del total de la vivienda prevista para algún tipo de protección.
En definitiva, en esta aprobación del Plan de Ordenación Urbana en la que, no puedo olvidar, hemos tenido que hacer renuncias difíciles, hemos primado ante todo el interés general, en una apuesta decidida por el presente y futuro de Marbella, y desde el convencimiento de que con el Plan, hemos aprobado el establecimiento de los límites jurídicos, la previsión de un crecimiento proporcionado y racional de la ciudad, la seguridad jurídica y urbanística que son imprescindible para nuestro desarrollo, la normalización administrativa y la abolición del caos y la indefensión en un aspecto tan fundamental en la vida de los ciudadanos como es el urbanismo.
