Los jueces no saben qué hacer con el aborto

El anteproyecto de ley sobre la reforma del aborto, que permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, se quedó sin su correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 21 vocales de este organismo, creado en octubre de 1980, fueron incapaces de dar el visto bueno al informe favorable elaborado por Margarita Uría. La llave de la votación estaba en manos del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp. Como se intuía en las quinielas, los nueve vocales del PP y el presidente del Consejo, Carlos Divar, un hombre religioso y conservador propuesto por el jefe del Ejecutivo, votaron en contra del estudio; los nueve miembros del PSOE y Uría, candidata del PNV, dieron su aprobación.

Situación inédita

Sin embargo, Camp tiró por la calle del medio y se abstuvo en el pleno, lo que provocó una situación inédita en el organismo de gobierno de los jueces. Además, no se pudo dar la posibilidad del voto de calidad del presidente, ya que el quórum era impar. En el caso de que Camp no hubiera asistido a la votación, por ejemplo, el informe de Uría hubiera sido rechazado porque en caso de empate, la elección de Divar vale doble.

A pesar de esta «votación tan rara», según fuentes del CGPJ, el proceso a seguir es idéntico al que se realiza si se hubiera votado un informe. El pleno remitirá un escrito al Ejecutivo en el que se señala la no aprobación de ningún dictamen. Para evitar esta situación de no informar, algunos vocales plantearon la posibilidad de pedir un nuevo informe a la Comisión de Estudios y que se volviera a estudiar a partir de septiembre. Pero la estabilidad de los dos 'frentes' y la sensación de que el representante de CiU no iba a cambiar su postura, hicieron descartar esta opción.

«Después de dos prórrogas y que no ha habido consenso, el Consejo no va a emitir ningún informe», explicó Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quien además insistió en que el pleno buscó «un informe que mejore el texto legal» sin conseguirlo.

El texto que no fue aprobado consideraba que la edad mínima de 16 años para votar es lógica dentro del ordenamiento jurídico actual. Por otra parte, aseveraba que las jóvenes de esa edad pueden casarse o emanciparse con el permiso paterno y que la propuesta de la reforma de la ley del aborto entra en esos parámetros. Además, incidía en la necesidad de que los padres sean informados, aunque no puedan hacer nada para impedirlo. También se hace hincapié en la información que tiene que recibir la paciente, que debe ser «personal e individual» en cada uno de los casos. Ahora el Gobierno puede dar trámite al anteproyecto de ley porque el pleno se reunió y emitió un dictamen, aunque fuera sin contenido.