La edil a la salida de los Juzgados de Antequera. / SUR
La historia judicial entre el alcalde de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, que recurrió su expulsión del PP, y la edil popular Josefa Torres, que lo denunció por siete presuntos delitos, entre ellos el de violación consumada, se ha archivado de forma provisional. El juez Juan José Navas, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Antequera, ha sobreseído provisionalmente la causa al considerar que «no resulta justificada» la perpetración de delitos de agresión y abuso sexual.
Si bien, el juez apunta en el auto de las diligencias abiertas contra el primer edil serrano que sobre el único material probatorio aportado por la acusación -transcripción de llamadas telefónicas y movimientos de llamadas realizadas- resulta adecuado «transformar las actuaciones penales en juicio de faltas, por si los hechos enjuiciados pudieran ser constitutivos de sendas faltas por amenazas, injurias, coacciones o vejaciones leves», según se desprende del auto al que ha tenido acceso este periódico.
Tras el sobreseimiento provisional de la causa, el juez explica en su auto que cabe un recurso de reforma ante el juez a presentar en un plazo máximo de tres días o un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo máximo de cinco días.
Josefa, que denunció a Sánchez Lavado el año pasado por presuntas amenazas, vejaciones, acoso laboral, acoso sexual, intento de violación y coacciones, además de por violación consumada, anunció ayer a SUR que recurrirá el próximo lunes la decisión del juez.
«Mi abogado me ha aconsejado que se presente para intentar que la causa se retome y no quede todo como un simple insulto», explicó Torres, conocida en la localidad serrana como Pepi. «Después de todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mi familia esto es muy fuerte, pero seguiré confiando en la justicia y, además, la vida pone a cada uno en su sitio», sentenció la edil.
Las pruebas
La única prueba que aportó Torres fueron las transcripciones de unas grabaciones de conversaciones telefónicas entre ellas y el alcalde que escuchó el juez. Sin embargo, el informe emitido por la Unidad de Criminología concluye que «no es posible realizar un informe pericial de identificación de hablantes suficientemente fiable». Además, el juez apunta que la lectura de las llamadas «no aclaran la posible comisión de delitos de agresión sexual». Por su parte, Sánchez continúa defendiendo que es un invento para «quitarle la Alcaldía».
