Ausencia injustificada de su puesto de trabajo. Este es el argumento por el que el Ayuntamiento de Marbella ha iniciado un expediente disciplinario contra el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, en prisión preventiva por el 'caso Malaya' y sobre el que pesan varias penas de cárcel. La actitud del equipo de Gobierno ha sido criticada por el PSOE, que exigió ayer el despido «fulminante» de Roca como empleado del Organismo Autónomo Local (OAL) Servicios Operativos de Marbella al tener ya en su poder el Consistorio sentencias firmes en las que se condena al ex asesor urbanístico.
El concejal socialista Daniel Pérez aseguró que dichas sentencias otorgan al Ayuntamiento el soporte jurídico necesario para proceder al despido de Roca. En este sentido, destacó que el Estatuto de los Trabajadores, aunque recoge que un empleado que está en prisión preventiva tiene derecho a mantener su puesto, contempla también la figura del despido disciplinario, que permite la resolución del contrato cuando «existe un incumplimiento grave y culpable que suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador y un incumplimiento de sus obligaciones».
Según Pérez, las resoluciones judiciales ofrecen suficientes argumentos a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para despedir al ex asesor urbanístico. El edil socialista subrayó además la necesidad de que la media se tome con carácter inmediato, antes de que se aprueban los convenios colectivos de los nuevos organismos autónomos locales, «de los que podría beneficiarse» el condenado.
El equipo de Gobierno, por su parte, mantiene que el procedimiento de despido de Roca ya se ha iniciado con la apertura del expediente disciplinario, que deberá concluir con la rescisión del contrato del ex asesor urbanístico. El proceso se lleva a cabo siguiendo las pautas marcadas por el servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella y el despido «será todo lo inminente que permita la ley», señalaron.
Juan Antonio Roca se encuentra en prisión preventiva desde hace más de tres años por el 'caso Malaya'. Además ha sido condenado en varios procedimientos judiciales como el 'caso Saqueo', por el que se le impuso una pena de seis años y diez meses de cárcel, aunque esta resolución se encuentra recurrida. En el 'caso Belmonsa' se conformó con una pena de nueve meses de prisión y en la causa seguida contra él y contra el juez Francisco Javier de Urquía se le condenó a pagar 36.900 euros de multa.