En noviembre de 2006, David Valadez decidió tirar de la manta. Cuando cuando aún era concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Estepona, destapó la supuesta trama de corrupción que ha salpicado a gran parte del Consistorio y que ha llevado a varios de sus compañeros del equipo de gobierno a pisar la cárcel. Junto a la también edil Cristina Rodríguez, antes concejal de Comercio e Industria y ahora de Personal, el actual alcalde del municipio se desplazó hasta Madrid para entregar 18 folios en los que explicaba «qué ocurría en el Ayuntamiento de Estepona». Lo hizo en las dependencias de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Junto a esta «exposición de motivos», tal como la califica el sumario del caso, entregó la grabación de una conversación con declaraciones de un promotor a la prensa, así como una carpeta amarilla en la que detallaba una serie de convenios urbanísticos a lo largo de 292 folios.

Los ediles descubrieron las presuntas irregularidades desde el principio de su mandato y estuvieron año y medio comprobando el funcionamiento administrativo hasta descubrir que en el Ayuntamiento existían presuntamente tres cajas de contabilidad y, al parecer, sólo una era legal. Incluso llegaron a encargar informes a empresas especializadas externas para tener valoraciones independientes de algunos de los aprovechamientos urbanísticos. En su denuncia presentada en comisaría señalaban que «la corrupción estaba tan asumida e interiorizada, que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor». A partir e ese momento, las relaciones entre el entonces alcalde, Antonio Barrientos, y Valadez se enfriaron aún más hasta el punto de que el primero le retiró al segundo la portavocía y lo sacó de la Junta de Gobierno Local.

Confirmación

Dos años después de que destaparan 'Astapa' la entonces jueza instructora del caso, Isabel Conejo, decidió los primeros registros y peticiones. La confirmación de que la operación partió de Valadez llegó ayer cuando la actual responsable del caso, Virtudes Molina, decidió desvelar parte del contenido del sumario a petición del fiscal Anticorrupción.

El levantamiento parcial del secreto -seis de los 150 tomos intervenidos inicialmente y de los que sólo se han analizado una veintena- no ha desvelado todo lo que esperaban los abogados de los implicados para conocer la imputación de sus clientes. La jueza ha decidido prorrogar el secreto un mes más para el resto de las actuaciones. «Como quiera que los imputados no están ya en prisión, el levantamiento íntegro del secreto podría facilitar la eliminación de pruebas a la vez que contaminaría las declaraciones de imputados y testigos aún pendientes de practicar», concluye el auto.

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