MARBELLA
El documento entregado el viernes al Ayuntamiento mantiene fuera de ordenación al Banana Beach y viviendas de Río Real y Alicate
16.06.09 -
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella tiene ya en sus manos el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se la ha remitido el equipo redactor después de incorporar las distintas modificaciones en virtud de las alegaciones admitidas tras su primera aprobación provisional. El texto fue entregado el pasado viernes al Ejecutivo local y también a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. Se trata de un documento en el que, según pudo saber este periódico, el personal comandado por el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras mantiene fuera del proceso de normalización medio millar de viviendas ilegales repartidas en tres promociones habitadas.
El edificio Banana Beach, que acoge más de 300 apartamentos, conserva para los redactores del plan su estigma de símbolo de las edificaciones irregulares levantadas en Marbella bajo la época gilista, por lo que el texto corregido sigue sin incluirlo entre las cerca de 18.000 viviendas fuera de ordenación que serán normalizadas en el nuevo PGOU. Las otras construcciones que también continúan ajenas al proceso de legalización son un grupo de casas en Río Real que se asientan sobre un yacimiento arqueológico y una treintena de viviendas en El Alicate, en la zona de La Víbora.
Una patata caliente
La decisión de los redactores de no incluir finalmente estas edificaciones en el sistema de compensaciones que recoge el plan supone toda una patata caliente para el Gobierno municipal del PP, que se enfrenta a la disyuntiva de mantener el documento en estos términos o modificar el texto para legalizar las cerca de 500 viviendas antes de llevarlo a pleno para su segunda aprobación provisional y remitirlo a la Junta de Andalucía, que tendrá la última palabra. En cualquier caso, la presentación del nuevo PGOU ante la sesión plenaria sólo tendrá lugar cuando el Ejecutivo local haya examinado con lupa todo el documento para constatar que el equipo de González Fuestegueras ha dado curso a todas las alegaciones admitidas, de las más de 8.500 presentadas.
Quizás porque preveía que la tramitación del plan llegaría a este punto, el equipo de Gobierno en el Consistorio marbellí ha buscado en los últimos meses el consenso con el Gobierno autonómico en las cuestiones más espinosas relacionadas con el documento urbanístico. El Ayuntamiento pretende que la Consejería de Vivienda y Ordenación de la Junta dé su visto bueno al plan antes de su aprobación definitiva, con el objetivo de evitarse sorpresas desagradables en forma de rechazo al documento, lo que generaría un conflicto institucional entre ambas administraciones, así como para agilizar los trámites y Marbella disponga cuanto antes de su nuevo PGOU.
El PP ya rebajó en más de 250 viviendas el número de inmuebles ilegales que quedaban fuera del proceso de regularización. Lo hizo después de dar curso a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del documento, que fue llevado a pleno por los populares en julio de 2007 sin modificar un ápice del texto urbanístico elaborado por la Junta. Entonces se incorporaron al sistema de compensación las promociones de Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa, edificaciones que inicialmente se situaban al margen del sistema de legalización. Estos cambios permanecían inalterables en el plan corregido por el equipo redactor.
Compensaciones
Las modificaciones llevadas a cabo en aquel momento por el equipo de Gobierno incluían además un artículo para eximir a los propietarios de viviendas ilegales de asumir las compensaciones para la normalización de sus inmuebles, cargas a las que deberán hacer frente los promotores. El documento inicial elaborado por el Gobierno autonómico cuando poseía las competencias urbanísticas de Marbella disponía, por el contrario, que en el caso de que dichas empresas no asumieran los gastos del proceso de compensación serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacerlo.
La normalización de las 18.000 viviendas ilegales que contempla el nuevo PGOU permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. La inversión global para el desarrollo del plan asciende a 2.250 millones de euros, de los que el 65 por ciento se corresponde con inversión privada, que generará 60.000 puestos de trabajo. El documento prevé además la creación de más de 3,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos.
