Marbella
La mayoría corresponde a concesiones
administrativas realizadas durante
la etapa del GIL
07.06.09 -
La concesión del tren turístico ha sido una de las revisadas por el Ayuntamiento./ JOSELE-LANZA
Marbella está a la cabeza de los municipios andaluces en respeto a la legalidad. Quien esta semana hizo esta afirmación tan contundente no fue un alto cargo del Partido Popular, sino el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, que resaltó que Marbella «tiene en este momento una actividad de revisión de actos ilegales muy clara y decidida por parte de su alcaldesa, y en ese sentido en el Consejo Consultivo encuentra apoyo constante y el asesoramiento que precise para esta tarea encomiable».
Pese a que Cano Bueso subrayó sobre todo la vuelta a la legalidad urbanística, el Ayuntamiento de Marbella ha destacado por pedir informes en relación a otro tipo de asuntos.
En concreto, desde que Ángeles Muñoz es alcaldesa de Marbella ha solicitado al Consejo Consultivo su dictamen sobre 33 asuntos. En su mayoría están relacionados con concesiones administrativas realizadas por el Ayuntamiento durante la etapa del GIL sin que se cumplieran los requisitos legales, pero también cesiones o traspasos de bienes, permutas, contrataciones administrativas o asuntos relacionados con reclamaciones patrimoniales.
De todos estos asuntos, sólo uno corresponde a la revisión de una licencia de obras, y fue por obligación. El Ayuntamiento tuvo que pedir al consejo que se pronunciara sobre el permiso concedido en 2003 por Julián Muñoz para construir 36 viviendas en Río Real, y ello después de que un Juzgado ordenara al gobierno municipal que revisara la licencia.
La política activa puesta en marcha por la gestora, desde abril de 2006 hasta junio del año siguiente, de revisar una por una todas las licencias de obras ilegales firmadas por los sucesivos alcaldes del GIL, de modo de conseguir su nulidad, tuvo un drástico freno con la llegada al poder municipal de equipo encabezado por Ángeles Muñoz.
La alcaldesa fundamenta esta postura en dos premisas: evitar posibles reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento por ir contra sus propios actos y esperar a la aprobación del nuevo Plan General, de modo que sea el nuevo documento urbanístico el que regularice por sí solo la situación. Los críticos con esta postura destacan que el Ayuntamiento pierde su principal arma jurídica a la hora de reclamar a los promotores beneficiarios de las licencias ilegales una compensación por los beneficios obtenidos.
Confianza
Ajeno a esta polémica, Cano Bueso explicó a este periódico el sentido de sus palabras al afirmar que no estuvieron basadas en expedientes concretos que hubiera tramitado la institución que preside, sino en una serie de trabajos que el Ayuntamiento está realizando con discreción para devolver la legalidad a Marbella. Para el presidente del Consejo Consultivo, la nueva situación de legalidad que subrayó en el acto de esta semana ha permitido infundir confianza a los agentes económicos.
Cano Bueso recordó que durante los años del GIL al frente del Ayuntamiento de Marbella, la relación entre ambas instituciones fue nula, situación sobre la que se produjo un punto de inflexión a partir de la disolución de la corporación municipal y la constitución de la gestora. Después, según el presidente, ha habido continuidad en esta relación con el gobierno del PP.
Entre los trabajos que el consejo realiza con el Ayuntamiento destacan los relacionados con el nuevo PGOU a punto de aprobarse, y en ese sentido, el presidente del consejo es contundente: «la legalidad urbanística no son sólo las licencias de obras».
