La Junta ha calificado en varias ocasiones de prioritaria la futura Ciudad de la Justicia de Marbella. Pero, al igual que con la búsqueda del edificio en alquiler para reunificar provisionalmente las sedes judiciales, la Administración autonómica se encuentra con dos problemas. El más importante es la aprobación definitiva del PGOU, al que la propia Junta tiene que dar luz verde y que mantiene paralizado este y otros muchos proyectos en la ciudad. El segundo, son las exigencias que reclama para el Palacio de Justicia: un mínimo de 12.000 metros cuadrados en una zona bien comunicada y accesible con unas mínimas condiciones de seguridad.
En la primera revisión del Plan General se barajaron dos opciones: en Puerto Banús, en la zona conocida como El Cantizal, y en Los Alicates, pasado el Hospital Costa del Sol. Ambas cuentan con espacio suficiente. La primera tiene la ventaja de estar más céntrica y cercana a San Pedro y otros municipios como Ojén o Istán que dependen del partido judicial de Marbella. La segunda, tiene a su favor una mayor extensión y más fácil acceso desde la autovía.
En la aprobación provisional del PGOU no existe una ubicación específica, si bien el Consistorio se decanta por Los Alicates, en la zona de Las Chapas. El problema que presenta esta segunda parcela es que sobre ella pesa un pleito contencioso-administrativo entre el anterior propietario y el actual, el empresario Tomás Olivo.
Un pleito de por medio
El Ayuntamiento es consciente de que un procedimiento judicial de estas características podría tardar años en resolverse. El objetivo es que Tomás Olivo realizara al Consistorio una cesión de la parcela en compensación por otras irregulares a cambio de que se incluyan en el Plan General.
Los Alicates presenta otro problema añadido. Se trata de una vía con mucha afluencia de vehículos que podría verse colapsada con la nueva Ciudad de la Justicia. Al tráfico habitual de la A-7 en ese trayecto, se une el aumento de circulación que provocará la ampliación del Hospital Costa del Sol, ahora en obras.
Actualmente el Palacio de Justicia no cuenta con una ubicación clara, ni con proyecto ni partida presupuestaria, por lo que las previsiones más optimistas hablan de un mínimo de cinco años.