La Guardia Civil de Málaga ha lanzado una campaña de inspección de centros de estética, establecimientos de tatuajes y peluquerías para controlar si utilizan productos legales y tienen la titulación necesaria para los tratamientos que realizan, según ha podido saber SUR. En las últimas semanas, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado han peinado más de una decena de locales de la provincia. En algunos de ellos han encontrado irregularidades de tipo documental, que han sido denunciadas, e incluso tintas ilegales.
Desde que se puso en marcha esta campaña, la Guardia Civil ha imputado en Málaga a la dueña de un centro de estética y a un tatuador profesional que tenían en sus locales tintas que al parecer no están homologadas en España, explicaron las fuentes consultadas.
En el primer caso, los investigadores del Seprona detectaron que el establecimiento utilizaba un producto que al parecer no figura entre los autorizados en España para la micropigmentación facial, un tratamiento muy común entre las mujeres que consiste en 'tatuarse' el perfil de los labios. Según las fuentes, el centro de estética adquiría este producto por Internet. Hacía los pedidos a Estados Unidos y los recibía por paquetería vía Gibraltar. Los agentes comprobaron que esas tintas no habían sido certificadas por la Agencia Española del Medicamento y, por tanto, no estaban registradas en España.
Sin registro
La Guardia Civil imputó a la dueña del establecimiento, quien asegura que esos pigmentos son completamente legales y están homologados EE. UU. «Los han analizado y son correctos, aunque en cuanto nos dijeron que no se podían usar, los retiramos», afirma la propietaria del negocio. «Ahora usamos unos que hemos comprado en España, que a nuestro juicio son de peor de calidad», apostilla.
Los agentes del Seprona también han imputado al titular de un centro de tatuaje de la provincia, después de localizar en su almacén varios envases de tintas homologadas en Inglaterra, pero que no estaban registradas en España.
Los dueños de ambos establecimientos se defienden alegando que no se han producido reclamaciones de los clientes ni ningún tipo de reacción adversa a estos productos que, sostienen, son de mayor calidad que los que se comercializan en España.
El problema estriba en que, a la vista de la Agencia Estatal del Medicamento, no serían tintas legales, ya que no figuran entre los pigmentos homologados en el país y, por tanto, no habrían pasado los pertinentes controles sanitarios en España, explicaron las fuentes.
Además de estas imputaciones, los guardias civiles han formulado una decena de denuncias de infracciones administrativas por incumplimiento de la normativa en la gestión de residuos o por realizar tratamientos sin tener la documentación necesaria. No en vano, se han detectado peluquerías donde se hacen micropigmentaciones de labios -incluso cuelgan carteles en la puerta donde ofrecen sus servicios- sin tener ninguna titulación.