ANDALUCÍA
Instan a suministradores, notarios y registradores
para que «extremen» su actuación e impidan
las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable
23.04.09 -
Jesús García Calderón y José Chamizo. / JUAN FERRERAS. EFE
La Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han alertado de la persistencia de «cierta sensación de impunidad» respecto a la ejecución de construcciones ilegales en suelos no urbanizables que todavía existe en la Comunidad.
Esta es una de las conclusiones alcanzadas durante las quintas jornadas de trabajo que han reunido en Granada a representantes de ambas instituciones para analizar la protección del medioambiente, el ordenamiento del territorio y el patrimonio cultural.
Tanto a los fiscales como al Defensor del Pueblo Andaluz les «llama la atención» que algunas de las agresiones medioambientales que han motivado la intervención del Ministerio Público y los jueces «no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por la autoridades autonómicas». Además, recordaron la «necesidad» de que las empresas suministradoras no faciliten sus servicios hasta que las edificaciones cuenten con las autorizaciones pertinentes, así como que los notarios y registradores «extremen» su actuación para impedir las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable.
«Las administraciones públicas aún tienen que seguir muy pendientes para que no se relaje el ámbito de la inspección y se restablezca la legalidad urbanística», aseguró el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Respecto a la protección del patrimonio histórico de la Comunidad, el coordinador de los fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, apostó por una «urgente reforma» de la normativa en esta materia, ya que «resultan más baratas las sanciones penales que las sanciones administrativas».
A su juicio, tampoco existe una adecuada tipificación de las conductas delictivas relacionadas con este ámbito, como el expolio, lo que obliga a recurrir a conceptos como el de daños, robo o hurto, que luego plantean problemas en el dictado de sentencias.
Arcas públicas
Por otra parte, en declaraciones a los periodistas Chamizo abogó por multar a la productora que entrevistó a la novia del presunto asesino de Marta del Castillo y a una amiga de la joven, ambas menores, y que el dinero vaya a las arcas públicas en lugar de indemnizarlas como pide la Fiscalía de Sevilla.
Aseguró que si la fiscal ha optado por la solicitud de una indemnización para ambas chicas, esta decisión debe ser «el único recurso legal que existe» por lo que apostó por «cambiar la ley».
